Tehuacán, un gobierno de conflicto e inseguridad

El alza delictiva es el distintivo de la primera mujer en llevar las riendas del municipio; linchamientos y asesinato de empresario empañan su administración  Patricia FLORES Corresponsal Primera de dos partes Tehuacán - Ernestina, presidenta municipal (3)El próximo 15 de febrero, la primera mujer en llevar las riendas de Tehuacán cumplirá un año como alcaldesa, motivo por el cual presentará hoy su informe de actividades en un recinto rentado para la ocasión. Ernestina Fernández Méndez fue electa el 7 de julio de 2013, venció al expresidente municipal, René Lezama Aradillas, sin embargo, la polémica en torno a la alcaldesa comenzó desde antes de ocupar el cargo, pues durante su campaña hubo señalamientos en torno a la figura de su esposo, Álvaro Alatriste Hidalgo, de quien se dijo estaba inhabilitado para ser candidato luego de que no pudieran aprobarse sus cuentas públicas durante su periodo como edil de Tehuacán, de 2002-2005. La elección que definió como presidenta a Ernestina Fernández estuvo marcada por la ausencia de votantes, el 60 por ciento de los ciudadanos en edad de votar no lo hizo. Pese a lo anterior, la actual presidenta obtuvo más de dos mil votos de ventaja a Lezama Aradillas. En aquel momento surgieron voces que indicaban que Ernestina era un “títere”, pues en apariencia el proyecto era que cuando se demostrara que Alatriste Hidalgo no estaba inhabilitado, volvería a tomar la candidatura; ello no sucedió. Una vez ganada la elección, y con siete meses para iniciar el acercamiento con el entonces alcalde, Eliseo Lezama Prieto, quien desde agosto de 2013 propuso los primeros encuentros para plantear proyectos pendientes e iniciar la gestión ante la Cámara de Diputados federal con miras a buscar recursos adicionales para su sucesora, la ahora alcaldesa desdeñó las reuniones. Los cuestionamientos por la nula presencia de la alcaldesa electa comenzaron; el ahora síndico municipal Miguel Ángel Romero Calderón se hizo cargo de los señalamientos. Uno de los pocos eventos a los que asistió Fernández Méndez fue la inauguración del primer Centro de Prevención del Delito, que contó con la presencia del secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong. La toma de protesta La falta de coordinación existente entre las autoridades salientes y las que tomarían el poder en febrero del año pasado generó un caos: las llaves del salón de regidores no estaban disponibles, el cambio de mandos a la medianoche fue dirigido por el síndico municipal, y no se realizó el acostumbrado Cabildo en que se toma protesta a los funcionarios del área de Seguridad, al tesorero y al contralor. Ya como alcaldesa, la presencia de Álvaro Alatriste Hidalgo fue notoria para la ciudadanía, pues acompañaba a su esposa a cualquier evento, incluso, en actividades que debía realizar sola, el exedil la esperaba en la camioneta designada para el transporte de la presidenta. Durante su discurso de toma de posesión como alcaldesa, Fernández Méndez afirmó que llevar las riendas del Ayuntamiento de Tehuacán era el reto de su vida. Hace poco más de 10 años, la actual presidenta trabajaba como cajera del Súper Servicio Alatriste (propiedad de su esposo), y hasta antes de su campaña no temía experiencia en el ámbito político, pues se desempeñaba como ama de casa, aún así se comprometió a que el municipio tendría desarrollo en todos los aspectos, además de combatir la corrupción. La nueva administración tomó los cinco días que marca la ley para la entrega-recepción, entonces llegaron más problemas. El sector empresarial señalaba un nulo acercamiento, mientras las actuales autoridades revelaban malos manejos de sus antecesores y una deuda de siete millones de pesos con proveedores, la cual no podía pagar la actual administración. Otro grupo que también se dijo relegado fue el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán (STSHAT), liderado por Ivonne Morales Luna, quien amenazó con suspender actividades si el Ayuntamiento no los reconocía. En diciembre este conflicto estalló con una amenaza de huelga por parte de los sindicalizados, pero la Comuna cedió a las peticiones realizadas. La falta de patrullas fue otro problema al inicio de gestión, en tanto, las pocas que había se encontraban en malas condiciones, pero fueron reparadas por cooperaciones con amigos, aseguró en aquella ocasión el regidor de Gobernación, Abraham Aguilar Sánchez. En vísperas de la edición número 18 del Festival Internacional de Tehuacán (Fith) 1660, celebrado a mediados de marzo, el presupuesto designado fue considerado austero. La celebración fue calificada, en redes sociales, como un fracaso, pues con un millón 300 mil pesos de inversión no se logró una cartelera atractiva para los asistentes; en 2013 la Comuna destinó más de seis millones de pesos. Seguridad Pública La presidenta municipal marcó desde un inicio cinco ejes fundamentales de su estrategia de gobierno: cultura, turismo, industria, desarrollo económico y social, pero a 100 días de gobierno las prioridades cambiaron y se enfocó en Seguridad Pública, Obra Pública, Salud y Educación. La designación de Severino Álvarez Fernández como encargado del área de seguridad acarreó fuertes críticas al interior de la Comuna, encabezadas por el regidor de Gobernación, Abraham Aguilar Sánchez. La anterior administración sólo dejó 10 patrullas en funciones, lo que generó que la delincuencia incrementara, pues las autoridades argumentaron que no se podía crear una efectiva estrategia de seguridad, aunque Eliseo Lezama tuvo el mismo problema, ya que él sólo recibió ocho unidades. El grupo denominado “policletos” fue desmantelado, en cambio, fue creada la Policía Comercial, caracterizado por estar desplegado en el primer cuadro de la ciudad; esta acción también fue señalada porque la norma del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que el uniforme reglamentario es azul marino y los agentes portan uno rojo. La percepción ciudadana sobre mayor inseguridad a partir del cambio de administración aumentó. La Comuna debió afrontar su primera manifestación en contra cuando vecinos de la colonia Nicolás Bravo señalaron si se presentaba una emergencia ellos debían cooperar para pagar la gasolina a los uniformados, pues las patrullas carecían de la misma. Hasta junio se anunciaron nuevos cambios en la Comuna: Severino Álvarez Fernández dejó su cargo como titular de seguridad, al parecer por no haber aprobado las pruebas de control de confianza. En septiembre se entregaron ocho unidades nuevas a Seguridad Pública, con un costo de más de tres millones 300 mil pesos. Pese a lo anterior la delincuencia no cesó, pues Flavio Sánchez Orta, tío del regidor de Gobernación del municipio, fue asesinado durante un asalto y hasta el momento no hay detenidos por estos hechos. La muerte de Herrero Arandia El suceso que marcó este primer año de la alcaldesa fue el asesinato del empresario José Manuel Herrero Arandia y su esposa Cristina Carvajal, ocurrido el 6 de diciembre. El hombre fue ejecutado en una de las avenidas más importantes de la ciudad, ello indignó a diversos sectores, quienes exigieron que el municipio garantice la seguridad de sus ciudadanos; la respuesta llegó varios días después de lo ocurrido, pero sólo se trataba de las condolencias por parte de autoridades. Incluso, el gobernador Rafael Moreno Valle denunció la negativa del Ayuntamiento para trabajar en conjunto y pidió la intervención de la Secretaría de Gobernación federal. El hartazgo llegó a su clímax la noche del 5 de enero, cuando un grupo de vecinos del fraccionamiento La Cantera hizo justicia por propia mano; tras un robo a casa habitación, los colonos mataron a un supuesto delincuente e hirieron a tres más, quienes lograron ser rescatados por la Policía Municipal. Sólo 20 días después la presidenta entregaba equipo a elementos de la Policía Municipal, además de 10 patrullas y 10 motopatrullas, y se anunciaban nuevos cambios, ahora la conformación de la Dirección General de Gobierno, en la que se agruparían todas las direcciones del área. La defensa de la administración en torno al asunto de seguridad es que las cifras oficiales indican una disminución en delitos, pero el Observatorio Ciudadano, Igavim, advierte que esas éstas no son del todo confiables, pues el 60 por ciento de víctimas de crímenes no acude al Ministerio Público.
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