Lunes 25 Julio 2016

En los últimos tres años, se han registrado las muertes de un edil en funciones y dos ex presidentes municipales en Puebla. En uno de los casos, se presume que un cártel de drogas habría realizado amenazas previas al asesinato. 

Destaca el homicidio del edil en funciones de San Salvador el Verde, José René Garrido Rocha, en abril de 2013, cuando un grupo de asaltantes entró a la casa del munícipe y pretendía llevarse joyas y dinero, disparándole de muerte durante el atraco.

Mientras tanto, este año, sucedió la muerte de dos ex ediles. El pasado 19 de abril, fue ejecutado Tarcisio Lorenzo Marcos, presidente de San Felipe Xochiltepec en el periodo 2011-2014.

Se presume que López Marcos ya había recibido amenazas de parte de un cártel de drogas durante su gestión; sin embargo, el asesinato se dio dos años después de que concluyera su administración, siendo atacado por un comando armado en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Tres meses después, el 15 de julio de este 2016, ultimaron a Neftalí Hernández Mejía, ex presidente municipal de Domingo Arenas. Se presume que el móvil del delito fue el asalto a cuentahabiente, pues había retirado 20 mil pesos en un banco de Huejotzingo.

Del cuerpo edilicio, resalta la muerte de Salvador Méndez Morales, regidor de Chignahuapan. Durante la elección a diputados federales en mayo del 2015, fue baleado en dicho municipio, donde operaba de manera política para la campaña del ahora diputado federal, Lorenzo Rivera Sosa, en el distrito II con cabecera en Zacatlán.

El domingo pasado, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) exigió a la Secretaría de Gobernación (Segob) su intervención para brindar seguridad a los presidentes municipales de la República, pues de 2003 a la fecha se han reportado 79 personas muertas: 40 ediles en funciones, 7 electos y 32 ex alcaldes.

La ANAC ha colocado a Puebla como una zona donde existe un menor riesgo; sin embargo, apenas la semana pasada, el presidente municipal de Santa Rita Tlahuapan, Joel Díaz Ramírez, denunció amenazas por parte de grupos delincuenciales que se dedican al robo de combustible en el estado.