La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón al Ayuntamiento de Tehuacán en torno a la controversia constitucional interpuesta contra el Gobierno del Estado de Puebla por el control del servicio de catastro que desde la década de 1990 está en poder del municipio; la decisión fue unánime por parte de los ministros. Miguel Ángel Romero Calderón, síndico municipal, informó en rueda de prensa que luego de seis meses pueden sentirse tranquilos con ese tema, pues ya no hay vuelta atrás, el estado ya no puede hacer uso de recurso alguno para poder bajar el resolutivo, pues la máxima autoridad ha emitido su veredicto, con el cual se beneficia a la ciudadanía. Indicó que el proceso inició en junio pasado, luego de que el gobierno estatal decidiera quitarles el control del catastro por no firmar el convenio de colaboración correspondiente, y tras hacer una inspección al área respectiva, la cual fue notificada a la sindicatura apenas diez minutos antes de llevarla a cabo, el resultado de esa inspección fue parte de las pruebas que aportó el estado ante la SCJN. Miguel Ángel Romero Castillo, uno de los abogados externos que llevó el caso, dijo que el resolutivo fue de la primera sala de la SCJN, la que resolvió que el recurso de reclamación del asesor jurídico del gobierno del estado es infundado, dicho recurso se dio después de que la corte regresó de manera provisional el catastro al municipio, enseguida de que se determinó iniciar la controversia constitucional. En tanto, Julio Romero Castillo, otro de los abogados litigantes, dijo que con esto se defiende la autonomía hacendaria, la cual está contenida en el artículo 115 constitucional; expresó que se considera que el paso que se dio es fundamental para que se dé certeza jurídica, Romero Calderón se refirió al cobro que hizo el estado por mes y medio, y dijo que hasta ahora no se ha dicho si ese dinero regresará a las arcas municipales. Mencionó que para evitar más confrontaciones presentará un punto de acuerdo al cabildo para que esas pérdidas sean absorbidas por el municipio, de modo que no se tengan que volver a enfrascar en un pleito legal para que ese dinero regrese a sus manos; opinó que ante esa situación los más perjudicados fueron los ciudadanos, quienes ya pagaron y ahora no les devolverán ese efectivo. |