El procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades contra la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, es por un promedio de 101 millones de pesos de parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), correspondientes al periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Lo anterior de acuerdo con el Periódico Oficial del Estado de Puebla, donde se publicaron en septiembre de este año, las 65 observaciones que la dependencia realizó a la actual administración; algunas de ellas, por presunción de daño patrimonial y otras, por supuestas deficiencias administrativas. La primera observación es por la diferencia en saldos de los reportes mensuales de los meses de abril y septiembre del año en cuestión, en el Organismo Operador del Servicio de Agua Potable, según el acumulado contable del sistema gubernamental, por más de ocho millones 800 mil pesos. Mientras que en el segundo punto se observan dos millones 296 mil pesos por ingresos omitidos no depositados en las cuentas bancarias extraordinarias, por concepto de cooperación de comunidades para obras. En distintos puntos de las observaciones, se apunta que el Ayuntamiento de Tehuacán no se apegó a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Tanto en la observación 7 como en la 22, la Auditoría Superior del Estado observó que no se les remitieron las nóminas de sueldos respectivas, o que éstas presentaban irregularidades, como haber contratado parientes hasta en cuarto grado por afinidad civil o de cónyuge, además de reincidir en la misma falla; la primera observa tres millones 801 mil y la segunda alrededor de 719 mil 317 mil pesos. En la segunda de las referidas, la observación corresponde al pago de sueldos a Tomas Calderón Alfaro, Maribel Francisca Calderón Alfaro, Arturo Romero Osorio, Arturo Romero Calderón, quienes son familiares del actual síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón. Aunque hay puntos, como la irregularidad número 65, que no es cuantificable y tiene que ver con obra pública, en este procedimiento se tiene la oportunidad de aclarar y presentar la documentación comprobatoria de lo detectado en la auditoría. En caso de no poder hacerlo, la ASE emitirá la sanción correspondiente por lo que haya quedado pendiente de aclarar y la presidenta municipal tendría oportunidad de presentar su recurso de revocación, mismo que evaluaría la dependencia citada; de no comprobar la resolución, se confirmará la sanción que se le haya impuesto. Aun así, Fernández Méndez tendría oportunidad de presentar un amparo ante la justicia federal en caso de no haber comprobado lo referente a las irregularidades en el recurso de revocación, lo que llevaría varios meses. Hasta el momento los distintos funcionarios municipales han hecho hincapié en que las cuentas son transparentes. |