Rechaza Cabildo reforma a la Constitución estatal

Autoridades de Tehuacán se oponen a la iniciativa, que daría al gobierno poblano consentimiento para administrar el agua en toda la entidad

El Cabildo de Tehuacán emitió un no por respuesta a la iniciativa del Congreso del estado en torno a la reforma a la Constitución estatal, en la cual se da el consentimiento al gobierno de la entidad para poder administrar el agua en toda la entidad poblana, lo que significa los 216 municipios, pues en Puebla capital ya se aplica esa fórmula.

El punto lo puso sobre la mesa la Sindicatura municipal, que en voz de su titular, Miguel Ángel Romero Calderón, recibió el oficio respectivo y a su consideración es ambiguo en lo que respecta a la forma de administración que se tendrá del agua potable, pero es claro que la finalidad es la privatización del líquido, lo que no se puede permitir.

El regidor de Gobernación, Abraham Aguilar Sánchez, coincidió y dijo que sería un "acto irresponsable el aprobar algo como esto". Indicó que eso significaría no conocer el destino de los recursos que se cobran, mientras que ahora, con el Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat), pueden hacer obra pública.

El edil de Educación y Cultura, Bernardo Pozos Gutiérrez, dijo que una acción como la emprendida por el gobernador saliente, Rafael Moreno Valle, y que ha secundado el Congreso, es contraria al federalismo plasmado en la Constitución federal, pues esa iniciativa busca coartar las facultades del municipio.

Para Víctor Manuel Rodríguez Lezama, edil de Grupos Vulnerables, no hay ambigüedad. Es claro que lo que se busca es privatizar el agua, lo que sería catastrófico porque eso significa que las tarifas subirían y se castigaría a los más pobres.

Comentó que medidas como estas hacen claro que "Moreno Valle aunque se va, se queda", pues deja como herencia medidas como la intentona de privatizar el agua.

Dijo que es importante que los municipios no se dejen intimidar y voten en contra de la iniciativa, pues de lo contrario los más dañados serán sus gobernados.

El resto de los ediles coincidió por unanimidad en rechazar a la medida que ha enviado el Congreso estatal. Los municipios tienen hasta el 6 de febrero para rechazarla o de lo contrario se dará por aceptada.

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