Acusan a exdirigente campesino de malversar 30 mdp

Miguel Ángel Sosa Guzmán está acusado por abuso de confianza por la Confederación Nacional de Propietarios Rurales

Miguel Ángel Sosa Guzmán, exdirigente de la asociación local de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), enfrenta una denuncia penal por el delito de abuso de confianza, al no justificar alrededor de 30 millones de pesos de un sólo año fiscal.

Lo anterior fue cometido en perjuicio de la base de campesinos dedicados a la siembra de caña en la zona de Atencingo, luego de que el exrepresentante no ha comprobado, desde 2015, dicha cantidad de 44 millones 439 mil pesos que recibió por parte del Ingenio de Atencingo.

Adán Ulloa Cortés, presidente de la comisión de Honor y Justicia de la CNPR, informó que por el delito antes mencionado se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) de la región de Izúcar de Matamoros.

Detalló que el Ingenio de Atencingo entregó de manera electrónica a la administración de Sosa Guzmán la cantidad de 44 millones 539 mil pesos, para cubrir el pago de aseguramiento de los productores cañeros del año de zafra 2015-2016.

Sosa estuvo al frente de la CNPR de Atencingo en el periodo 2011-2015; durante el último año, enfrentó diversos problemas tras negarse a rendir un informe de su administración al frente de la agrupación cañera, la cual está integrada por cerca de 5 mil productores.

El entrevistado dijo que, al finalizar la administración de Sosa Guzmán, éste sólo dejó en la institución bancaria Banorte un total de 757 pesos.

Hasta el momento, hay reportes de movimientos efectuados por la gestión de Sosa Guzmán como devoluciones de dinero a cañeros, pago de pensiones y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la cantidad de 3 millones 156 mil 576 pesos.

Ulloa Cortés agregó que la denuncia sigue su curso y sólo falta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presente su reporte sobre los movimientos de la cuenta bancaria que manejó Sosa para conocer dónde quedaron o en dónde se aplicaron los casi 30 millones de pesos.

Ulloa Cortés expresó que la dicha cantidad proviene de las cuotas retenidas a productores cañeros por parte del Ingenio de Atencingo, el cual realiza después la trasferencia a la CNPR para que reportarla ante el IMSS a más tardar el 15 de agosto del 2015, lo cual no se cumplió.

Después de hacer el balance correspondiente, el equipo de auditoría interna reportó que no hubo documentación del periodo 2014-2015, pero tampoco exhibió el faltante ni ha comprobado la cantidad señalada.

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