Personas acusadas del delito de motín por el Ayuntamiento de Altepexi, presidido por Lorenzo Reyes Mariano, aseguraron que todo se trata de una persecución política orquestada por el alcalde y el síndico municipal, Marco Antonio Palacios Lucero.

Expresaron que los hechos ocurrieron en octubre de 2015, tras el asesinato de un velador y la posterior detención de dos presuntos ladrones que pretendían robar una motocicleta. Tras ser asegurados por la Policía Municipal, a partir de las 10 horas del día siguiente, los habitantes se reunieron para hacer justicia por propia mano.

Luego de que uno de los presuntos delincuentes fue llevado hasta la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán, elementos de la Policía Estatal lo rescataron. Asimismo, se tuvieron que reunir distintas corporaciones de seguridad de municipios aledaños para prestar apoyo a Altepexi, mientras que las puertas del Palacio Municipal fueron soldadas.

Es precisamente el soldador de nombre Hipólito Encarnación Feliciano uno de los acusados, cuando de acuerdo con el testimonió del hombre sólo lo contrataron "para soldar las puertas para que no se perdiera nada", así se lo dijo el síndico cuando lo contrató. Dicha situación fue avalada por el entonces delegado de Gobernación de la zona y de acuerdo con el hoy acusado, ni siquiera le pagaron por su servicio.

La noche del 25 de octubre de 2015 un grupo de vándalos se dirigieron a la casa del presidente municipal, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez número 2012, aventaron piedras a la fachada, además de intentar ingresar a la propiedad por el balcón.

Fue entonces cuando notaron que estaba estacionada afuera la camioneta del alcalde Reyes Mariano, una Ford Escape, por lo que la voltearon, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego; a la postre, procedieron a abrir las cortinas de la mueblería que se ubica en el lugar, la cual también es propiedad del presidente municipal.

Adentro hicieron destrozos, además de que se llevaron pantallas y equipo electrónico, de acuerdo con el alcalde los daños ascendieron a más de 300 mil pesos; por los hechos fueron acusadas ocho personas, entre ellas el soldador, así como Alejandro Rodríguez Sánchez y Alejandro Gregorio Rafael.

Lo anterior quedó signado en averiguación previa 138/2015/Ajalpan y será el próximo 14 de febrero cuando los inculpados deberán presentarse ante el juez de control para dirimir el tema, aunque los implicados aseguran que no hay pruebas contundentes en su contra, porque en el caso de Gregorio Rafael, ni siquiera estaba en el lugar, así que pidieron que la autoridad ministerial sea imparcial y no colabore con la fabricación de los delitos que les imputan.