El gobierno municipal de Zoquitlán emprendió una acción legal e inició una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la privatización del servicio de agua potable. El documento fue firmado por el síndico municipal y entregado a la autoridad federal correspondiente, porque Fermín González León, el presidente municipal de Zoquitlán, no ha salido a explicar en qué consiste la presunta privatización del agua. Habitantes indicaron que desde que estalló el conflicto, el pasado jueves 23 de febrero de 2017, el alcalde desapareció del municipio. No ha sido visto en su domicilio ni en la alcaldía. Los únicos que han respondido son regidores, quienes indicaron que el referido decreto fue aceptado por el alcalde, sin tomarles consentimiento a ellos. Germán Yáñez, uno de los inconformes, dijo que se entregaron junto con la controversia, más de 12 mil copias de credenciales, de personas que están en contra de la reforma del artículo 12 de la Constitución estatal y para manifestar su oposición, fue tomado el palacio municipal por tiempo indefinido. Tehuacán ratifica su rechazoEl Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat) y el Ayuntamiento de Tehuacán ratificaron su rechazo a la modificación que se hizo al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla para privatizar el agua potable. Mario Alberto Andrades Ortiz, director del Oosapat, consideró que el cambio es mañoso, a favor del estado, aun cuando desde el organismo se ha demostrado que el municipio puede hacer una correcta administración. Dijo que los perjudicados con esa iniciativa serán los más pobres, además de que violentarían la hacienda municipal. Conrado Martínez Mendoza, subdirector del organismo, afirmó que es un engaño cuando se dice que no se va a privatizar el agua, pues la misma ya se aplicó en la capital. Indicó que la mayoría de los municipios que han admitido esa iniciativa ni siquiera conocen en qué consiste, lo que ha provocado que sus gobernados protesten, como ya ocurre e incluso hay palacios municipales tomados por la inconformidad. Señaló que el estado va a regular y a poner las bases, así lo establece la nueva ley, aunque no diga explícitamente que habrá privatización. Mientras tanto, el síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, puso a disposición de quien lo requiera, la asesoría legal en caso de que se sientan vulnerados por la reforma. Opinó que hay distintas inconsistencias en la iniciativa, y no se debe permitir que entre en vigencia, pues se tendrían que ir a controversia constitucional. |