En lo que va del año se han registrado tres casos de desfalcos por parte de los comités de padres de familia a igual número de escuelas en Tehuacán, lo que se ha convertido en práctica común, afectando las finanzas escolares, informó Pedro Guzmán Hernández, director de Educación municipal. El funcionario explicó que desde hace varios años los comités de padres de familia se hacen cargo del dinero que los tutores aportan, debido a que los directores debieron hacerse a un lado porque cuando ellos tenían el control también se descubrieron fraudes, lo que provocó la medida y que la responsabilidad caiga en los papás. No obstante, eso no ha sido una medida que impida que se caiga en malas prácticas con el dinero; legalmente, la única facultada para intervenir es la Secretaría de Educación Pública (SEP), con autoridad a través de las coordinaciones regionales educativas. No obstante, a decir de los padres la autoridad educativa suele no hacer nada al respecto. El funcionario público indicó que los montos son variados, han sido defraudadas desde escuelas muy pequeñas, donde los montos apenas rebasan los 15 mil pesos, hasta colegios grandes, como la secundaria "Jorge L Tamayo", con montos de más de un millón de pesos. Comentó que son los tutores quienes designan al comité de padres de familia y eso significa darles la confianza en la administración del dinero, aunque se ha recurrido a cuentas mancomunadas para que sólo se pueda echar mano a recurso con la venia del resto, pero eso tampoco ha funcionado. Los perjudicados en estos casos son los alumnos, pues la escuela afectada se encuentra sin el dinero necesario para hacer frente a los distintos compromisos, como el pago de servicios o de material; es entonces cuando el resto de los tutores debe volver a cooperar para que el plantel pueda seguir funcionando. Los padres afectados han tomado dos acciones. La primera tiene que ver con obligar al papá que los defraudó a que pague, aunque sea de a poco, el dinero que se perdió, y la otra es recurrir a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar el hecho, pero esta medida tarda como mínimo cinco meses y deben aguantar todo ese tiempo en la lucha por recuperar el recurso. |