Denuncian ante ONU que hidroeléctrica viola derecho al agua
Léo Heller, relator especial de la ONU, escuchó las inconformidades de vecinos y activistas de 3 municipios contra proyecto hidroeléctrico
Disminución en la calidad y acceso desigual a los servicios de agua y saneamiento, falta de respuesta y acceso a la justicia, escasa transparencia y de información, así como criminalización de la protesta en defensa de este recurso y del territorio sobre el proyecto hidroeléctrico impulsado por Deselec-Comexhidro, son algunas de las denuncias que expusieron indígenas y activistas de Ixtacamaxtitlán, Ahuacatlán y Cuetzalan a Léo Heller, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho Humano al agua y el saneamiento. La preocupación partió con el señalamiento hacia Deselec–Comexhidro por el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que pone en riesgo la afluencia del río Ajajalpan y el derecho humano al agua de forma directa a comunidades de los municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, pero esta cuenca desemboca en Veracruz. "Estamos preocupados por los impactos que tendrá sobre la vida tradicional de nuestros pueblos, pero más aún porque los impactos ambientales ponen en riesgo los componentes del derecho humano al agua", dijeron al relator. Además de la disminución en la calidad del agua, la erosión río abajo e impactos diversos en la biodiversidad como la reducción de poblaciones de peces, destacaron la generación de gases de efecto invernadero, impactos ambientales que conducen a pérdidas irreversibles de ecosistemas, contaminación de fuentes de agua dulce y cambios en la hidrología. Los inconformes evidenciaron que para la obra se quiere desviar el 90 por ciento del cauce del río que es utilizado para sus tareas domésticas, agrícolas e incluso culturales. La calidad del agua en la zona del proyecto se verá comprometida, por la creación de una presa; en este caso, en 8.46 hectáreas habrán diversos procesos de degradación y putrefacción que repercutirán en los organismos que habitan el embalse, así como en la salud de los pobladores. Asimismo, a dichas inconformidades se suma la falta de respuesta de las autoridades y acceso a la justicia. Esto a razón del juicio de amparo a partir de abril de 2016, en el que se logró la suspensión total para la protección del derecho humano al agua, al medioambiente y al territorio como pueblos indígenas; sin embargo, la empresa revirtió la suspensión. A lo anterior, agregaron la falta de acceso a la información, transparencia y diálogo para la construcción del proyecto e incluso denunciaron que fue hasta 2016 cuando "nos enteramos que varias dependencias de gobierno federal ya habían otorgado todos los permisos que la empresa necesitaba para trabajar; todo sin habernos informado y consultado, haciéndolo a nuestras espaldas". |