Incurre hermano de coordinador en usurpación de funciones

Alfredo Juárez Olguín, hermano del recién nombrado coordinador operativo de Seguridad Pública, Juan Carlos Juárez Olguín, ha caído en actos de nepotismo y en usurpación de funciones. Mientras su consanguíneo confirmó que labora en la Comuna como asesor jurídico y que se le ha dotado de equipo policial, el síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, dijo que no ostenta dicho cargo y tampoco es policía.

La controversia surgió en redes sociales y según elementos policiacos, quienes pidieron la gracia del anonimato por temor a represalias, el hermano del coordinador participó en el operativo para rescatar a Los Acevedo la semana pasada; fotografías evidencian que portaba equipo policial, aun cuando no está dado de alta como elemento.

El coordinador operativo confirmó que el hombre es su hermano y dijo que está trabajando en el área jurídica; sostuvo que el día de los hechos iba acompañando a un regidor y para resguardar su seguridad es que se le dio equipo policial. El síndico expresó que en su momento tuvo roces con Alfredo Juárez, pues se lo encontró un día en los separos municipales.

Ahí se identificó como inspector de ingresos y dijo que lo habían enviado a Seguridad Pública. A decir de Romero Calderón la queja fue porque sin saber por qué, el hermano del coordinador daba órdenes a los jueces calificadores sobre cómo debían actuar en determinados casos, aun cuando los jueces dependen de la Sindicatura.

El síndico municipal comentó que es necesaria la intervención de la Contraloría para determinar qué puesto ocupa y quién lo colocó en él, pues al ser hermano del coordinador cae en actos de nepotismo y al no ser policía en actos de usurpación de funciones, pues el uso de equipo, en particular de armas, debe ser sólo para quienes estén dados de alta en la corporación y sean parte de la licencia colectiva para su portación, de lo contrario incurrirían en otro delito.

Mencionó que los cargos de director de Seguridad Pública y de Gobernación recaen en Filadelfo Martínez Piedra y Ángel Ernesto Ramírez García, quienes están avalados por el pleno del Cabildo y nadie puede ordenar por encima de ellos, salvo la alcaldesa Ernestina Fernández Méndez, por ello si alguien ha dado cobijo a esos actos actúa de forma irresponsable porque pone en riesgo la seguridad del municipio.