Advierten daño ambiental y social por fracking en Puebla
La investigadora Aroa de la Fuente consideró que la entidad no está exenta de implicaciones y consecuencias de la reforma energética
Las licitaciones otorgadas por el Gobierno Federal para la extracción de hidrocarburos tendrán impactos en el medioambiente y en el tejido social de la Sierra Norte de Puebla, consideró la investigadora Aroa de la Fuente López, del Fundar, Centro de Análisis e Investigación, al cumplirse tres años de la aprobación de la reforma constitucional en materia energética y sus leyes. Esta aprobación implicó un cambio radical en la forma en la que la industria petrolera había funcionado, así como la apertura del sector a la iniciativa privada a través de diferentes tipos de contratos entregados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en coordinación con la Secretaría de Energía, el territorio poblano no está exento de las implicaciones y consecuencias de esta reforma energética. Según información de la experta, en la actualidad se han entregado 30 áreas en las tres primeras licitaciones, aunque los planes son incluir otras 45 antes de que termine 2017. Los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León y Chiapas son afectados por estos proyectos y la llegada de nuevas empresas, lo que se suma a las regiones en las que opera Petróleos Mexicanos (Pemex) en dichas entidades y en otros como Puebla y su Sierra Norte, además de Coahuila. A esto se suma la entrega del 5 de diciembre de 2016 para la explotación de hidrocarburos a grandes profundidades en el Golfo de México, proyectos altamente riesgosos que han causado severos desastres ambientales y sociales, como el ocurrido en la plataforma Deep Water Horizon de British Petroleum (BP) en 2010. "En la práctica, esto significa que el estado, ante la solicitud de las empresas, está en la posibilidad de obligar a las y los dueños de los terrenos, ya sean individuales o colectivos (como ejidos y comunidades, campesinas e indígenas), a rentarles sus tierras a dichas empresas, para el desarrollo de proyectos", alertó la psicóloga egresada de la Universidad Complutense de Madrid. La también maestra en Cooperación Internacional por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, explicó que estas obras de exploración o extracción de gas y petróleo tienen una vertiente de interés social de orden público, toda vez que esto significa una preferencia sobre cualquier otra actividad que se lleve a cabo en los territorios. "Si la gente está usando esas tierras para cultivar maíz o frijol, para alimentar su ganado o para vivir, o si por allí pasa un río del que toman agua o se encuentra un lugar sagrado, son temas que la legislación energética pretende poner en segundo lugar, cuando de la actividad petrolera se trata. La prioridad será que las empresas puedan operar por encima de cualquier otra consideración, por lo que se anteponen los intereses privados a los de las comunidades y la población. Y es a esto a lo que la reforma llama utilidad pública, pasar bienes comunes a unas pocas, pero poderosas, manos privadas", cuestionó. |