Pobladores acusan a ejidatarios de ofrecer más de 230 hectáreas a Grupo Proyecta para ampliar el desarrollo Lomas de Angelópolis
Pobladores de Santa Clara Ocoyucan denunciaron que ejidatarios y el presidente del comisariado ejidal, David Saavedra, vendieron más de 230 hectáreas a Grupo Proyecta sin su consentimiento; por ello, presentaron una queja ante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), pues no desean que se amplíe en su localidad el fraccionamiento Lomas de Angelópolis. Sin embargo, el delegado Alberto Jiménez Arroyo les informó que sólo podían acudir si tenían quejas de los ejidatarios, no del pueblo; reconoció que ese problema corresponde a los tribunales agrarios; por tanto, el instituto no puede intervenir ni tomar decisiones, así lo dio a conocer Felipe Soriano Sánchez, representante de los vecinos de Santa María Malacatepec, en Ocoyucan. El martes 25 de julio, los pobladores informaron que emprenderían la defensa legal de los terrenos ante la posible venta de más de 200 hectáreas para la ampliación del desarrollo Lomas de Angelópolis a cargo de Grupo Proyecta. Denunciaron que con las consecuentes obras del desarrollo inmobiliario, perderían terrenos ejidales y los pozos de agua serían sobreexplotados; ante esta situación, el Departamento de Comunicación de Ocoyucan negó que haya conflicto entre ejidatarios por negarse a vender sus terrenos a la inmobiliaria. "El 80 por ciento de los ejidatarios ya aceptó vender su terreno, pues llegó a buenas negociaciones con la empresa y, al tratarse de particulares, el Ayuntamiento no tuvo intervención", señalaron. No obstante, anunciaron que si existía algún ejidatario presionado para vender o tenía dudas en el proceso de venta, el municipio ofrecería asesoría jurídica gratis. Soriano, como representante de los vecinos, dijo que la asamblea ejidal no consultó al pueblo y al aceptar vender las tierras a Proyecta, se afecta el territorio de Malacatepec. Señaló que la inmobiliaria ya tiene en su poder más del 40 por ciento de las tierras de la comunidad y aunque pidieron ayuda al Instituto del Suelo, el Insus reiteró que no tiene participación en esa problemática. "Jiménez Arroyo reveló que el procedimiento es que la asamblea ejidal solicite la intervención y que dé la anuencia, dijo que no podemos entrar a ordenarles, porque aquí hay dos partes, la asamblea ejidal y el gobierno federal por medio del Tribunal Agrario, pero a nosotros no nos han invitado", compartió. Ante la falta de ayuda, los pobladores señalaron que irán por otra vía y el siguiente paso es interponer un amparo. |