Piden resguardar seguridad de activistas

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos emitió la acción urgente -por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- tras confirmar la orden de aprehensión en contra de activistas opositores al gasoducto Morelos, impulsado por la Comisión Federal de electricidad (CFE) en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, con una trayectoria de 172 kilómetros.

Para esta red conformada por 84 organizaciones, en 23 estados de la República, la preocupación es preservar la libertad, integridad física y psicológica, así como la seguridad jurídica de Adela Villalba Ramos, Eusebio Aguilar Torres, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT).

Esta preocupación se debe tras la confirmación, por parte del juzgado primero de distrito en Tlaxcala, de la orden de aprehensión que pesa en su contra desde el 6 de mayo de 2014. Los defensores son acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad con el agravante de violencia contra servidor público y pandillerismo.

Esta red acusó que los defensores llevan 39 meses sin acceso a la justicia, toda vez que el expediente de amparo a cargo del juzgado primero de distrito en Tlaxcala estuvo colmado de mañas e irregularidades legales.

Entre éstas destacaron la falta de reconocimiento de la personalidad en el amparo como defensor de derechos humanos, a pesar de que otras autoridades así lo han reconocido; la violación a su derecho humano de debida notificación y libertad al retirar las suspensiones definitivas de sus amparos; la falta de una justicia pronta y expedita al no resolver en tiempo razonable los incidentes interpuestos por los juzgados de distrito, así como la inobservancia de todas las pruebas ofrecidas por el defensor de derechos humanos.

Según esta red, los pueblos del volcán han vivido 5 años de represión en contra del afán de imponer el Proyecto Integral Morelos, además viviendo una incapacidad de los organismos defensores de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.