Advierten de riesgos por Ley de Seguridad Interior
Diversos centros de Derechos Humanos señalaron el peligro del uso activo de las fuerzas armadas en México
Cuetzalan.- El Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban con sede en el municipio de Cuetzalan, junto con otras seis agrupaciones, externaron su preocupación por la relación entre el despliegue militar y el aumento de la violencia ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Según un documento difundido desde el pasado 14 de diciembre, estas organizaciones, que forman la Mesa de Género de la Clínica Interdisciplinaria para los Derechos Humanos de Puebla, especifican que hace más de 10 años los militares están las calles, con aproximadamente 50 mil elementos distribuidos a lo largo del territorio nacional, derivada de la lucha contra el crimen organizado. "Fue desde ese momento de que las violaciones a los derechos humanos crecieron exponencialmente", aseguraron, al mismo tiempo citaban documentos firmados por organismos regionales nacionales e internacionales como Human Rights Watch. De este organismo internacional, citaron cifras que revelan las violaciones generalizadas a los Derechos Humanos por el uso activo de las fuerzas armadas en México, donde se puntualiza que hasta el pasado julio la Comisión nacional de Derechos Humanos había recibido 10 mil 751 denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2 mil durante el gobierno actual, además se determinó que hubo más de 100 casos graves de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. Las cifras recabadas en la actualidad significan un promedio anual de mil 75 quejas y 14 recomendaciones anuales. De acuerdo con esta información gubernamental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que en México existen 26 mil 798 personas desaparecidas, de las cuales es casi imposible determinar cuántas fueron por desaparición forzada. El mismo documento señala que desde que se dio inicio con la estrategia de intervención militar, los homicidios dolosos aumentaron el 122 por ciento en cuatro años, por lo cual los organismos estimaron que el Ejército mata a ocho personas por cada una que hiere. Las poblaciones en situación de vulnerabilidad como las mujeres, jóvenes y niños sufren violaciones a los Derechos Humanos en los estados militarizados; así, entre enero de 2007 y marzo de 2013, se registraron más de mil 800 muertes violentas de menores de edad, en hechos vinculados a la lucha contra el crimen organizado. De esta forma, expusieron que con los datos anteriores se demuestra que el supuesto de que la militarización del país mejorará la seguridad pública no está debidamente sustentado. "La Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, dado que el artículo 73 no establece en ninguna fracción donde se habilita el poder legislativo federal a expedir leyes en materia de seguridad interior, el artículo 21, por su parte, establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinario y profesional y el artículo 129 prescribe que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar", se lee en el documento. Por último, las organizaciones firmantes del documento refirieron que la Ley de Seguridad Interior, que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones propias de la autoridad civil como seguridad pública y la persecución de delitos, atenta contra los compromisos adquiridos internacionalmente en materia de derechos humanos, principalmente las obligaciones generales de los estados y contra las recomendaciones formuladas a México por instancias internacionales. Asimismo, atenta contra la propia reforma constitucional en materia de los Derechos Humanos en 2011. |