Descartan represalias contra Cholula por controversia constitucional

Raúl Gámez aseguró que las Fuerzas Armadas terminaron convenio con San Pedro Cholula porque el ayuntamiento no quiso renovarlo

El retiro de la presencia militar en San Pedro Cholula por parte de la Sedena responde a que el convenio que sostenía con el gobierno municipal venció en agosto de 2016, sin que la presidencia a cargo de José Juan Espinosa Torres hiciera algo para renovarlo, aclaró Raúl Gámez Segovia, comandante de la 25 Zona Militar en Puebla.

Tras asistir a la XII entrega de preseas por parte de la Asociación de Forjadores que integran empresarios poblanos, Gámez Segovia descartó que el gobierno federal haya cancelado el convenio con el Ayuntamiento cholulteca, como lo aseguró el propio edil al señalar que esta acción respondía a la presentación de una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior.

Dijo que el Ejército será respetuoso de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictamine sobre la Ley de Seguridad Interior, pero aclaró que este tema no tiene nada que ver con la situación con el gobierno de San Pedro Cholula, por lo que adelantó que si el contrato se renueva la Sedena reiniciará de nueva cuenta operaciones.

El comandante aseguró que únicamente dos camionetas de las Fuerzas Armadas fueron ocupadas y posteriormente reintegradas al municipio. Confirmó que si en algún momento, el Ayuntamiento de San Pedro busca renovar el convenio, los militares estarán "al servicio de la ciudadanía", siempre y cuando se ajusten a los nuevos procedimientos que se establezcan.

La semana pasada, el alcalde de San Pedro dio a conocer también que les negaron más de mil cartillas militares que serían entregadas a los jóvenes de la ciudad.

Gámez Segovia explicó que las precartillas se entregaron bajo un programa que sólo marcaba la expedición de 650, "todo se hizo bajo el programa, no existió nada de una supuesta negación", señaló.

Aprovechó para mencionar que el año pasado registraron de 6 a 7 casos de pobladores que entregaron al Ejército supuestos delincuentes, y prefirieron denunciarlos antes que el pueblo los linchara.

"Eso es materia de seguridad pública, nosotros cuando vemos que la gente detuvo a alguien y quieren que intervenga el Ejército, acudimos a recibir al detenido y los entregamos a las autoridades correspondientes", concluyó.

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