Acusan criminalización de activistas ante ONU en Zacatlán

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, evidenció ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el alto grado de criminalización y judicialización de casos contra líderes, activistas y defensores de derechos humanos en México, lo que alcanza varias causas ocurridas en territorio poblano, destacó Leonel Rivero, abogado y coordinador general de Defensa Estratégica en Derechos Humanos AC.

Según explicó, en el informe de su visita, llevada a cabo del 16 al 24 de enero de 2017, expone cómo se criminalizan las acciones de defensa de derechos humanos, mediante la aplicación tendenciosa de la legislación penal.

Según el reconocido activista, desde hace varios años defensores y organizaciones han denunciado el contubernio de empresas privadas con autoridades para desarrollar megaproyectos de infraestructura, sin consultar a las comunidades indígenas, dueñas de los territorios y los recursos naturales donde se van a instalar las obras. También han señalado que las acciones del estado y los grupos empresariales resquebrajan el tejido social, dividiendo a los pueblos.

Aprovechando las discrepancias que incitan en las comunidades, autoridades y agentes de la iniciativa privada presentan demandas por diversos delitos contra las personas que se organizan para la defensa de sus derechos. Así inicia la criminalización de su labor y el acoso judicial.

La persecución a defensores que realizan actividades en el istmo de Tehuantepec, en las sierras Norte, Nororiental y Negra de Puebla, en Xochicuautla, en Los Altos de Chiapas y en muchas otras partes de la República, son referentes de criminalización en el país.

El abogado citó el trabajo del relator, en el que se enfatiza que "…el bajo nivel de independencia del sistema judicial, la corrupción entre los funcionarios públicos y la explotación del sistema de justicia por compañías que presentan quejas criminales contra los defensores de derechos humanos, todo contribuye a la criminalización de su trabajo".

Sin embargo, criticó el abogado, la judicialización de las actividades de los defensores no sólo se caracteriza por la persecución y el encauzamiento penal, también por la falta de respeto a los derechos humanos de los perseguidos y encarcelados, la violación de las garantías judiciales durante la secuela procesal, del derecho a la integridad física, aunado a la utilización facciosa de los sistemas de procuración y administración de justicia.

Señala que desde hace varios años existe una ofensiva de autoridades y agentes no estatales (de la iniciativa privada) para criminalizar las luchas por la defensa y respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas por la consulta previa, la defensa del territorio y de sus recursos naturales, entre otros, que entran en colisión con la implementación de proyectos de desarrollo (energía eólica, presas hidroeléctricas, minería a cielo abierto, etcétera).

Del informe se desprende que el estado mexicano, por acción u omisión, está involucrado de manera directa en las acciones de criminalización y judicialización.

"Toca a los defensores, organismos de derechos humanos y sociedad, retomar este documento para fortalecer las denuncias de acoso y persecución, y emplazar al estado mexicano a que cumpla con su obligación constitucional y convencional de proteger y respetar la importante labor que cotidianamente realizan las defensoras y defensores", finalizó.