Impulsan PRI, PAN y PVEM ley que beneficia al fracking

En la recta final del sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto, tres partidos impulsaron la reforma a la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (ASEA), en favor de los proyectos de gas y petróleo que ponen en peligro a la población y ecosistemas, denunció la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), lo que tendría impactos directos en territorio poblano.

Mientras la iniciativa podría ser votada esta semana en la Cámara de Diputados, a sólo 15 días de que termine el periodo ordinario de sesiones, los cambios promovidos por la Reforma Energética se incluyen en la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos.

Por un lado, la creación de esta agencia no respondió a los vacíos que aquejan a esta política, como la limitada autonomía de las instituciones a cargo de la misma frente a otras dependencias e instancias del gobierno que promueven los proyectos. Tampoco sirvió para fortalecer el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que sigue presentando serias deficiencias que provocan que los proyectos que se aprueban pongan en riesgo el medio ambiente y los derechos humanos, acusó la alianza.

Lejos de ello, afirma el grupo, la creación de la agencia significó concentrar en una instancia la generación de regulación ambiental, la autorización de los permisos en la materia y las tareas de inspección, investigación y sanción de las irregularidades.

Asimismo, este organismo concentra la entrega de toda una serie de permisos que necesitan las empresas para poder operar los proyectos, los cuales antes estaban en diferentes instancias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Es decir, se configura como una ventanilla única que puede servir para acelerar la obtención de estos permisos, favoreciendo a los proyectos de gas y petróleo en detrimento del ambiente, la salud y bienestar de la población. Otro tema controversial es el hecho de que el titular de esta agencia sea nombrado y removido por el presidente de la República, lo cual le resta autonomía en decisiones.

Con relación a este último punto se impulsa desde el Partidos Verde Ecologista de México (PVEM), con apoyo del Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), una reforma a la Ley de la Agencia la cual buscaría fortalecer la autonomía de la misma. Sin embargo, en un contexto de fin de sexenio y tras un análisis de los cambios propuestos, surgen preocupaciones sobre los alcances de esta reforma.

De acuerdo con los inconformes se plantea la creación de un Órgano de Gobierno de la Agencia, conformado por vocales, quienes serán elegidos de manera directa por el presidente de la República, que también definirá quién lo presidirá.

Este órgano quedaría conformado en el actual sexenio, lo que implicaría que el presidente Enrique Peña Nieto nombrase a los vocales, los cuales estarán en funciones durante el próximo sexenio y al director ejecutivo de la agencia, quien estaría en el cargo hasta 2023.

En segundo término, los requisitos para poder ser elegidos para el cargo de vocales resultan insuficientes para evitar que intereses empresariales pasen a integrar este órgano de gobierno, lo que unido a lo anterior supone amenazas a su autonomía y a la capacidad que tendrá para tomar decisiones que garanticen la protección del ambiente y la población frente a los proyectos de hidrocarburos.

Por último, ante un tema de tanta relevancia como la política ambiental en materia de hidrocarburos, más en el contexto de la reforma energética y de las intenciones del gobierno de seguir promoviendo el fracking, para el organismo resulta preocupante que se impulsen cambios a esta agencia a 15 días de que se finalice el periodo ordinario de sesiones del congreso, sin una consulta amplia y representativa de la misma.

Bajo este contexto, la Alianza Mexicana contra el Fracking exigió detener todo intento de reforma a la Ley de la Agencia hasta que existan condiciones adecuadas para llevar a cabo un verdadero proceso de consulta participativa y representativa que permita aportar otros elementos a la discusión y la toma de decisión sobre la misma.

Por último, exigió que se prohíba el fracking en el país, se cancelen los procesos existentes y se detenga la Licitación 3.3 para explotación de gas y petróleo no convencional, puesto que ninguna regulación sería suficiente para evitar sus daños inherentes sobre el agua, la salud, el clima, los ecosistemas y los derechos humanos.