Con marcha, exigen justicia para activistas en Cuetzalan
Solicitaron se tomen en cuenta las labores de los ahora finados como defensores de territoriales
Con la firme petición de que se garantice una investigación seria, efectiva, eficaz e imparcial, en torno a los asesinatos cometidos contra los activistas Antonio Esteban Cruz, Manuel Gaspar Rodríguez y Adrián Tihuilit, integrantes del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (MIOCUP-CNPA MN), realizaron una marcha en el municipio de Cuetzalan de Progreso, con la cual dar a conocer sus peticiones. Solicitaron el esclarecimiento exhaustivo de los hechos, orientado a la determinación de la verdad, captura y enjuiciamiento de los responsables, acorde con el derecho de las víctimas y sus familiares de conocer la verdad y obtener justicia, ello sin desvirtuar el vínculo del asesinato con sus labores como activistas y defensores de los derechos humanos, en particular del territorio. Dicha marcha partió de las afueras del auditorio municipal con rumbo al centro, donde los manifestantes solicitaron que las líneas de investigación incluyan el posible vínculo con los intereses afectados de Minera Autlán, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el alcalde de Cuetzalan del Progreso, Óscar Paula Cruz, ello al detenerse proyectos como El Aretón, la línea de Alta Tensión Cuetzalan entronque Teziutlán 2 Tajín y la cancelación de la actividad del relleno sanitario intermunicipal. Destacaron que de julio de 2016 a diciembre de 2017 ocurrieron ocho agresiones contra personas, comunidades u organizaciones defensoras del medio ambiente, ubicándose Puebla como la según entidad con más casos de este tipo, entre el que se encuentra Antonio Esteban Cruz, asesinado el 4 de junio de 2014; mientras que este 2018 ya suman 4 víctimas, entre ellas Manuel Gaspar Rodríguez (asesinado el 14 de mayo) y Adrián Tihuilit, ultimado la semana anterior. En el lugar expusieron que ante la falta de capacidad de parte de las autoridades mexicanas para esclarecer estos hechos, instancias internacionales de derechos humanos han mostrado preocupación por el papel que huelga el estado mexicano en cuanto al trato hacia los activistas. Según expusieron, las sierras Norte y Nororiental son de los territorios más ricos en cuanto a diversidad biológica y cultural del estado, a raíz de la reforma energética y de la política de despojo e imposición que han promovido las autoridades en su tres niveles de gobierno desde 2013, además la zona ha sido parte del estado más afectada en cuanto a concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos, fracking y otros proyectos de infraestructura para el desarrollo de empresas nacionales y extranjeras. Ante ello, acusaron que son las mismas autoridades quienes han suscitado la división y confrontación de las comunidades, permitiendo y promoviendo el aumento de la delincuencia organizada, intentando desmovilizar y desorganizar a las comunidades, generando el hostigamiento y criminalización de las organizaciones y personas defensoras, pasando de amenazas a acciones de muerte. Por tanto, hicieron un llamado a las autoridades a atender las necesidades de las comunidades indígenas y campesinas, dejando de promover los intereses económicos y políticos de empresas nacionales y extranjeras que asedian el territorio de esta zona del estado, realizando lo conducente para procurar verdad y justicia para sus compañeros asesinados, adoptando medidas urgentes para cesar la criminalización en contra de organizaciones sociales o personas defensoras del derecho al territorio, el agua y los bienes comunes. |