Pide AI no criminalizar a los activistas 

"Es fundamental que las autoridades mexicanas no usen indebidamente el sistema penal para hostigar y silenciar a personas defensoras de los derechos humanos y obstaculizar así su trabajo legítimo en proteger la tierra, el territorio y el medioambiente", así lo dio a conocer Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional al fijar postura sobre la persecución a activistas cuetzaltecos.

El organismo internacional, a través de un comunicado difundido en su página oficial, destacó que la Procuraduría General de la República (PGR) no debe procesar a las siete personas defensoras de derechos humanos que están bajo investigación por el delito de "oposición a la ejecución de obras públicas" en el pueblo de Cuetzalan, a menos de que haya pruebas contundentes en su contra.

Guevara Rosas dijo que "es crucial que la PGR asegure que la investigación no se base en evidencias sin fundamento o no confiables, originadas en represalia por su labor en defensa de los derechos humanos; y que garantice su derecho a un juicio justo que cumpla con estándares internacionales".

Detalló que la PGR ha iniciado una investigación penal contra ocho integrantes de la Unión de Cooperativas Tosepan, el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC), así como el Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) debido a una denuncia interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La denuncia se basa en que la Asamblea de Pueblos Maseual Tutunaku y Mestizo, instaló un campamento de protesta pacífica en un terreno privado al lado de donde la CFE pretendía construir una subestación eléctrica y línea de alta tensión en Cuetzalan, desde noviembre de 2016 hasta octubre de 2017.

El Pueblo Maseual considera que la obra se realiza sin su consentimiento y sin antes haber realizado una consulta libre, previa e informada con los Pueblos Indígenas. La CFE interpuso la denuncia que ha generado una investigación por el delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajos públicos.

El defensor medioambiental Manuel Gaspar Rodríguez, uno de los ocho acusados, fue asesinado en Cuetzalan el 14 de mayo, en un contexto donde las personas defensoras se enfrentan a campañas de estigmatización y desprestigio. Las autoridades mexicanas están investigando su muerte.

"Estos hechos evidencian una vez más que cuando las personas defensoras de derechos humanos en México, alzan la voz en contra de obras que afectan directamente sus derechos y su territorio, se enfrentan a campañas en su contra para acusarles de ser desestabilizadores del desarrollo. Es inaceptable que, en vez de protegerles, las autoridades les criminalicen con el fin de disuadir el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación pacífica", dijo.

Es inaceptable que, en vez de protegerles, las autoridades les criminalicen con el fin de disuadir el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación pacífica, Amnistía Internacional hace un llamado y urge a autoridades mexicanas a adoptar medidas de protección efectivas y coordinadas para garantizar la seguridad.