De autoritario, José Gustavo Corona, cura de la parroquia de la Asunción de Huauchinango, calificó la actitud del alcalde Gabriel Alvarado luego de que éste, con base en documentos y la urgencia de proseguir con los cursos que se imparten en la Casa de la Cultura (desde hace más de un mes bajo resguardo del gobierno del estado), abriera las puertas del inmueble. El párroco José Gustavo Corona leyó un escrito en el que condenó la actitud que llamó "unilateral" del gobierno municipal, "aprovechando el final de su gestión y como un acto desesperado por negar la obligación de cuidar la paz social y el bien común como autoridad dando un mal ejemplo". En el inmueble, con sellos del gobierno del estado, se llevaba a cabo el programa Cursos de Verano, para decenas de niños; también se buscó proseguir con la labor de la biblioteca "Sandalio Mejía Castelán", así como con los trabajos de oficinas federales y estatales. "El todavía presidente municipal Gabriel Alvarado Lorenzo, violó y pasó por alto los acuerdos firmados por él mismo, tal vez por no ser huauchinanguense ni ser agradecido ni con dios ni con el pueblo", acusó el prelado. Por su parte, el alcalde dio a conocer la actitud oficial de la Comuna para abrir la Casa de la Cultura y reiniciar los trabajos interrumpidos el 24 de junio. Esto tras la irrupción violenta del párroco Gustavo Corona, argumentando que el sitio pertenecía a la parroquia "y lo iba a rescatar". Luego de esta primera acción, seis días después, la Secretaría de Gobernación intervino, desalojó a los invasores y tomó posesión del inmueble. Sin embargo, el Ayuntamiento recibió un documento público en el que consta que desde 1877 el sitio fue destinado de manera oficial para labores educativas. En el momento de abrir de nueva cuenta el recinto de la Casa de Cultura, el alcalde señaló que se estaba haciendo del conocimiento de esta acción a la Secretaría de Gobernación de Puebla, así como al párroco, quien si tenía algún argumento legal para rebatir el documento oficial esperaría que lo diera a conocer. Respecto a su actitud señala que en el Punto de Acuerdo número 2 firmado en la Secretaría de Gobernación, especifica que "el presidente municipal ejercerá las acciones legales para que la autoridad competente determine a quién pertenece la propiedad de dicho inmueble". |