Persiste lucha contra proyectos de muerte

IXTACAMAXTITLÁN.- Despojo, destrucción, descontento social, recursos legales (judiciales en derechos humanos en organismos internacionales) y un panorama político de descontento hacia las iniciativas impulsadas por el gobierno poblano, encontrarán las próximas administraciones federal, estatal y municipal en las demarcaciones opositoras a los llamados proyectos de muerte.

El estado de Puebla está entre los 10 con mayor biodiversidad a nivel nacional y entre los cinco primeros en cuanto a diversidad cultural, pero también sufre asesinatos, persecución, desaparición y hostigamiento a activistas que se oponen a proyectos hidroeléctricos, mineros, gasoductos y fractura hidráulica.

Las comunidades totonacas, nahuas y otomís, entre otras del territorio poblano, acusa, la presencia de seis gasoductos, entre ellos el gasoducto Tuxpan–Tula, que afecta los municipios de Tlacuilotepec, Pahuatlán y Huauchinango. Mil 444 pozos de fractura hidráulica para extraer algunas variedades de gas, aceite e hidrocarburos que impactan en 32 municipios de la Sierra Norte de Puebla, entre ellos Chignahuapan, Venustiano Carranza, Pantepec, Francisco Z Mena y Jalpan.

También denunciaron 310 concesiones mineras, que impacten a 182 mil 774 hectáreas de 48 municipios poblanos; 10 presas y 16 mini hidroeléctricas a lo largo de los ríos Zempoala, Ajajalpan y Apulco.

Una de las más peligrosas es la subestación eléctrica impulsado por la Comisión Federal de electricidad, en Cuetzalan y en la que se atribuye la muerte de dos activistas (Antonio Esteban Cruz y Gaspar Rodríguez), así como la persecución a ocho indígenas, a tal grado que Amnistía Internacional tomó cartas en el asunto.

El 14 de mayo de 2018 murió Manuel Gaspar Rodríguez. Apenas 16 días después fue asesinado Adrián Tilihuit, originario de la comunidad de San Juan Tahictic del municipio de Zacapoaxtla.

El 23 de junio, Artemio Hernández Parra, juez de Paz de la misma comunidad de San Juan Tahictic, fue asesinado de un disparo durante una fiesta patronal; los últimos dos activistas se oponían a la construcción de la hidroeléctrica Gaya.

Apenas el jueves, alrededor de las 18 horas, en San Pablo Zoquitlán, un comando levantó al activista Sergio Rivera Hernández, miembro del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), quien formó parte de la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzalá.

Ixtacamaxtitlán es otro de los focos rojos, allí la compañía canadiense Almaden Minerals y sus filiales pretenden explotar oro y plata y los opositores han llevado el caso a instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluso hay un proceso judicial pendiente que puede derivar en amparos que resuelvan suspender las obras, aunque al momento no hay un fallo oficial. Los opositores incluso llegaron al parlamento canadiense para exponer el caso.