Aparecen directores de tránsito y Seguridad Pública en Tehuacán

Tras trece días de estar ausentes, luego de la aplicación del Mando Único en la ciudad, los exdirectores de tránsito municipal, Enrique Ximello Salaya y de Seguridad Pública, Marco Antonio López Alfaro, reaparecieron en acto público de la Comuna y confirmaron que se encuentran amparados en contra de acciones de cualquier acto de autoridad que se ejecute en su contra.

Al respecto el extitular de Tránsito Municipal, Enrique Ximello Salaya, manifestó que su ausencia se debió a cuestiones personales, pero reconoció que se encuentra amparado para evitar que se violen sus garantías, además de que no ha sido notificado para comparecer ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mencionó que ha tenido acercamiento con los familiares de los 11 agentes de tránsito que se encuentran detenidos por el delito de usurpación de funciones, y se les está apoyando jurídicamente a los que lo han solicitado, ya que algunos han preferido la contratación de abogados particulares.

Al ser cuestionado si existían anomalías en la corporación, indicó que él sólo era operativo y que las demás cuestiones correspondían a un área administrativa; en tanto, sobre los faltantes que se han señalado, comentó que esto se aclarará en su momento.

Por su parte el exdirector de Seguridad Pública, Marco Antonio López Alfaro manifestó que no se había presentado debido a que fue una recomendación que realizó su defensa legal.

Refirió que no hay policías "cachirules", porque todos estaban debidamente dados de alta en nómina ante el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), por lo que, los más de 100 elementos que se señalaron como desaparecidos, tienen nombre y apellido y la documentación se encuentra en las instalaciones, mismas que fueron aseguradas por la Fiscalía.

Asimismo indicó que los elementos no incurrieron en situación de usurpación de funciones porque ellos no conocían los resultados de sus exámenes de control y confianza, incluso las notificaciones que se daban a los elementos para efectuar su baja se hacían a través del Consejo de Honor y Justicia, por lo que están las actas respectivas.

Agregó que el estado conocía que guardaba la vigencia de la licencia para la portación de armas de fuego, dado a que se hicieron las observaciones correspondientes.

Finalmente recalcó que sólo estaba encargado del área operativa, por lo que existía un área administrativa que notificaba si los elementos tenían un faltante en su documentación, aclaraciones que se harán ante la contraloría o instancias pertinentes.

Todavía se desconoce el paradero del director general de Gobierno, Ángel Ernesto Ramírez García y si este exfuncionario también recurrió a ampararse contra cualquier acto de autoridad.