Piden reconocer los derechos indígenas

Los indígenas nahuas, otomíes y totonacos en el estado de Puebla promueven el reconocimiento de sus derechos, al plasmarlos en tres artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado, los cuales están relacionados con los pueblos y comunidades indígenas con el fin de promover el desarrollo de los pueblos originarios, según dieron a conocer activistas en esta materia.

Bajo el lema, "arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces", la idea es hacer valer lo establecido en los artículos 44, 45 y 191 de esta ley poblana.

Según la apreciación de esta ley orgánica municipal, se pretende que en verdad esté garantizado el desarrollo integral de las comunidades indígenas que habitan en los municipios de la entidad poblana y que, en concreto, los planes de desarrollo municipal incluyan programas de acción tendientes al fortalecimiento, conservación y bienestar de las comunidades indígenas, respetando la cultura, usos, costumbres y tradiciones, como salvaguarda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto implica la convocatoria para integrar consejos de participación ciudadana, que, de manera enunciativa y no limitativa, sean en favor al desarrollo indígena. Entre las primeras acciones se organiza el Primer Encuentro de los Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la ciudad de Puebla, el próximo 23 de septiembre, en la junta auxiliar de la Resurrección; el evento que está organizado por el Comité de Defensa de la Tierra y el Agua de la Resurrección, así como El Barzón Poblano.

A esto se suma la organización que tienen varias agrupaciones, activistas y defensores de los derechos humanos en la actualidad, donde se oponen al proyecto en el municipio poblano de Cuautinchán, donde se pretende construir una planta de residuos biológicos infecciosos, generados por hospitales de la región.

El proyecto someterá los recibos a un proceso físico-térmico donde serán esterilizados y triturados. Los residuos serán confinados en una nave industrial de 750 metros cuadrados, ubicado en un predio de casi media hectárea, en este municipio donde su capacete al tratamiento será de 12 mil 960 kilogramos de estos residuos, según los datos oficiales de los activistas.