Dedica Amnistía Internacional ofrenda a activista asesinado

CUETZALAN - Amnistía Internacional, junto con el Centro de derechos humanos Antonio Esteban, dedican ofrenda al activista Manuel Gaspar Rodríguez, ultimado en mayo pasado y de quien no hay detenidos ni procesados por este homicidio que llamó la atención de organizaciones no gubernamentales internacionales.

La ofrenda, colocada en la ciudad de México, se convirtió en una exigencia de justicia y verdad en este asesinato en el que no ha habido un avance significativo que esclarezca los hechos; tampoco hay detenidos y la investigaciones hechas por la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha tenido un desempeño decoroso en este caso, en el que ni siquiera se ha esclarecido el móvil de este homicidio que conmocionó a los activistas del territorio poblano y que alcanzó los escenarios internacionales a través de la intervención de Amnistía Internacional, capítulo México.

Tal ha sido la persecución hacia los activistas en este municipio que incluso este organismo no gubernamental lanzó una alerta en el que señalaba que lo defensores del territorio poblano tienen el riesgo de ser procesados injustamente, en un hecho del que no hay antecedentes hacia otras causas en el Estado de Puebla.

Es necesario recordar que, en 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación penal por el delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos en contra de 7 personas defensoras de derechos humanos, integrantes de la Unión de Cooperativas Tosepan "TosepanTitataniske", del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial Integral (Cotic) y del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP).

La denuncia presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se basa en la instalación de un campamento de protesta pacífica en contra de la construcción de una línea de alta tensión y una subestación eléctrica.

Hoy, la defensa del territorio en Cuetzalan, Puebla, no tan sólo pone en riesgo su libertad, sino que ya podría haber cobrado la vida de un defensor medioambiental, quien enfrentaba la misma investigación. El organismo internacional exigió a las autoridades detener la criminalización, en la petición dirigida hacia Ramón Ernesto Badillo Aguilar, entonces delegado estatal de la PGR en Puebla y Jaime Hernández Martínez, director general de la Comisión Federal de electricidad.

Amnistía Internacional señaló tener conocimiento de la situación que afecta a las personas defensoras de derechos humanos en Cuetzalan, Puebla, quienes corren grave peligro, y recientemente han sufrido ataques e intimidación, como resultado de su oposición a una obra de la CFE.

Externó su preocupación ante la posibilidad de que la apertura de una investigación penal pueda utilizarse como represalia ilegítima en contra de: Rufina Edith Villa Hernández, Álvaro Aguilar Ayón, Nazario Diego Téllez, Luis Enrique Fernández Lomelí, Leonardo Durán Olguín, Alfredo Guerreo Santos y Francisco Jiménez Pablo, disuadiendo futuras protestas.

"Le solicitamos que asegure que la investigación y, en su caso, los eventuales procesos judiciales que lleguen a incoarse, cumplan con las garantías de un juicio justo tal como éstas se consagran en el derecho internacional y, en especial, que se sustenten sólo en evidencias lícitas y suficientes para demostrar la responsabilidad penal individual de las personas procesadas. Es fundamental que no se haga un uso indebido del derecho penal como represalia por la labor de defensa de los derechos humanos", lanzó en un comunicado publicado en junio pasado.