Reclaman justicia para Patricia Mora

ZACAPOAXTLA - A casi un año del asesinato de la maestra Patricia Mora Herrera, familiares continúan con la lucha, para que autoridades de la Fiscalía General del estado (FGE), hagan justicia en torno a este feminicidio, del cual tan solo se sabe que existen tres personas detenidas, pero sin que haya un avance en cuanto a las investigaciones, recurriendo de esta manera a participar en protestas nacionales, como es el caso del "Día de las Muertas", celebrado este fin de semana.

De acuerdo con lo señalado por Jacobo Mora Herrera, hermano de la profesora, el Juez de control de oralidad penal de Teziutlán, Alberto Bagatella Bermúdez, ha cancelado en repetidas ocasiones, y sin justificación alguna, las audiencias en torno a este caso; hecho que lo lleva a suponer que se está protegiendo a los presuntos responsables, de allí que decidiera emprender esta manifestación a nivel nacional, con la cual dará a conocer las anomalías cometidas por las autoridades en Puebla.

Acusó que las autoridades, esperan el pago de algunas dadivas por parte de las familia hacia los funcionarios de la FGE, con lo cual se pueda agilizar el proceso, ya que de otra manera, no habría otra explicación, ya que si bien ha transcurrido un año y se cuenta con los tres presuntos responsables, no hay motivos para los que no avancen en la investigación y, por ende, justicia para esta maestra asesinada.

Denunció la serie de represiones y reclamos que ha sufrido por exigir justicia por este feminicidio; por ejemplo, Arturo Ortuño, médico legista del Servicio Médico Forense (Semefo) de Zacapoaxtla, quien le solicitó que se retractara de su versión otorgada a la FGE, en la que dio a conocer que, la noche del asesinato de su hermana, fue enviado a comprar materiales con los cuales realizar la necropsia de ley, mismo que le señaló "para dos cositas que fuiste comprar".

La Semefo no contaba con los materiales necesarios, motivo que orilló a este familiar a comprar lo necesario, con lo cual se agilizaran los trabajo y de este modo les fuera entregado el cuerpo; este hecho fue evidenciado ante la opinión pública y trajo consecuencias al funcionario, pues según Jacobo Mora, le reclamó que "por este motivo, no ha podido jubilarse", hecho que calificó como una amenaza.

El activista también señaló Ignacio Alvízar Linares, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues no ha avanzado en el proceso para el otorgamiento de una pensión para la hija de la hoy occisa, misma que es menor de edad y que por derecho le corresponde este beneficio; sin embargo, a casi un año, ninguna institución como Derechos humanos o el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), le han brindado ayuda.

En tanto Jacobo Mora dijo que continuará luchando para que se ejerza justicia en torno al asesinato de su hermana, ello pese a las amenazas y riesgos latentes, puesto que los presuntos tres detenidos podrían quedar en libertad -por falta de pruebas acusatorias- y teme que tomen represalias y atenten contra su integridad.

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