Piden no descartar móvil político en asesinato de activista

El Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular (MIOCUP) rechazó la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el homicidio del activista Manuel Gaspar Rodríguez, la cual señala que el asesinato se debió a asuntos ajenos a su activismo. Conminó a esta instancia judicial a conducirse con objetividad en el proceso de investigación para hallar a los responsables materiales e intelectuales.

A siete meses del asesinato, fijaron postura con vistas a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales sobre esta detención ocurrida hace unos días y por la cual la Fiscalía argumento que, entre otros recursos de investigación, de vídeos obtenidos de cámaras de seguridad que señalan que el presunto homicida y su víctima viajaron en un taxi y regresaron a la habitación número 17 del motel quetzal, en este municipio.

El documento detalla que el activista ultimado había recibido amenazas telefónicas, incluso antes del asesinato del también activista cuetzalteco Antonio Esteban Cruz. Defiende que Gaspar Rodríguez perteneció al Miocup desde 2013, con la finalidad de informar a las comunidades indígenas sobre sus derechos y de manera organizada promover acciones para la defensa del territorio y de lucha contra la minería a cielo abierto en la región nororiental de Puebla.

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Semanas antes del homicidio, desde el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, A.C., Manuel Gaspar impulsó la lucha por el cierre de un "relleno sanitario" convertido en basurero ubicado en la comunidad de Cohuatichan, municipio de Cuetzalan, Puebla, que desde 2015 la autoridad municipal se había negado a cerrar pese las normas establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Esta última acción afectó intereses de la administración municipal ya que pasó de receptor de pagos, por el uso que hacían particulares y autoridades del relleno sanitario, a destinar recursos para que el Municipio de Cuyoaco recibiera la basura que se genera en Cuetzalan.

El homicidio de Manuel Gaspar Rodríguez generó la condena de organizaciones ambientalistas, indígenas, sociales y organismos defensores de Derechos Humanos, asimismo, se sumaron a la exigencia para la procuración de una investigación eficaz que permitiera esclarecer el crimen y castigar a los responsables materiales e intelectuales. Dicha exigencia y respaldo fiscal fue suscrito por más de un centenar de organizaciones internacionales, nacionales, sociales y defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos "Ignacio Ellacuría" de la Universidad Iberoamericana Puebla, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras.

Se postularon tres peticiones: que la FGE se conduzca con la objetividad para dar con los autores materiales e intelectuales, agotando todas las líneas de investigación, incluyendo su labor como activista a favor de las comunidades indígenas, del agua y del territorio.

También calificó como precipitada y poco objetiva la tesis de que el asesinato no tiene relación con la labor activista de Manuel y, por último, señaló que la detención del presunto homicida no resuelve el móvil del rito de la autoría material o intelectual del mismo, ni complace la responsabilidad de la Fiscalía de garantizar el derecho a acceder a la verdad de la justicia a la familia de Manuel.