Choferes de la Ruta 1, del ramal San José Acateno-Hueytamalco, denunciaron el acoso laboral y corrupción que existe al interior del gremio de este transporte público.

Expusieron el abuso del que son objeto por parte de los permisionarios y autoridades, quienes les exigen el pago de 500 pesos mensuales para permitirles operar sin licencia; 50 pesos para que les permitan trabajar diario; y 30 pesos más para los agentes de vialidad del municipio de Hueytamalco.

De acuerdo con lo pronunciado por los choferes, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato, la cantidad de 500 pesos es pagada por cerca de 20 choferes que no cuentan con la licencia de conducir, misma cantidad que es destinada al delegado de la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transporte en esta región, con el fin de no ser amonestados por trabajar sin dicha documentación.

Según revelaron, de los ingresos diarios obtenidos por esta tarea de transporte de pasajeros, los conductores obtienen el 30 por ciento de la ganancias, según lo reunido, de lo cual deben aportar 50 pesos para el pago de los gastos generados por uso o desgaste de la unidad, además de 30 pesos que son otorgados a los agentes de vialidad estatal, uno de ellos fue señalado como El Robocop.

Los choferes dijeron que sufren una serie de acosos y presiones por parte de los permisionarios, entre los que se encuentran Antonino Platas, Efrén Allende, Evelin Ramírez, Juan Ojeda y Bernabé, alias El Power, quienes a diario les exigen el mayor número de ingresos, sin importarles que no tengan días de descanso, seguro u horarios de comida.

También sumaron toda la serie de multas y sanciones que son impuestas por los dueños de la unidades, por supuestos errores cometidos en la operatividad de esta ruta, ya que les exigen cooperaciones para ser entregadas a Genaro Ruiz, quien funge como presidente de la directiva de estas unidades, cuyo dinero desconocen si llegue a manos de las figuras de gobierno antes mencionadas.

Asimismo, dieron a conocer que la mayoría de los choferes se han visto obligados a sufrir estos maltratos, debido a la necesidad que tienen de trabajar. Consideran que viven una situación grave, que debe ser resulta por las mismas autoridades. Acusan que sus derechos laborales han sido violados y resaltan que aquellos choferes que se han negado a este tipo de actos ilícitos fueron despedidos sin los pagos correspondientes de su liquidación.

Las quejas que existen por parte de la ciudadanía en torno a algunas unidades como la 31, 34 y 37, las cuales son propiedad del presidente de la directiva, quien hace caso omiso de las denuncias.