Esperan que se frene este año proyecto minero

Ante la cuenta regresiva para el arranque del proyecto IXTACA de minería a cielo abierto de oro y plata por filiales de la empresa canadiense Almaden Minerals, en Ixtacamaxtitlán, este año se deberá resolver la queja que los opositores han interpuesto ante las instancias federales, así como el amparo promovido por una comunidad indígena.

No obstante, la población teme que quede pendiente la resolución del amparo contra esta obra y por los daños que ha dejado en el tejido social, pues el proyecto ya ha ocasionado división entre familias que están a favor o en contra del mismo.

Las quejas contra el proyecto se han presentado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se basan en los resultados del estudio Evaluación de Impacto en Derechos Humanos del Proyecto Minero, que fue desarrollado desde 2014 y presentado en abril de 2017.

El estudio, impulsado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua, y donde también participaron el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) y a los habitantes de Ixtacamaxtitlán, ha sido presentado como uno de los argumentos más importantes de oposición contra este proyecto minero.

A través de documentos con los que la empresa Almaden Minerals ha informado a sus inversionistas y con solicitudes de acceso a la información pública al gobierno federal, el estudio permitió identificar una serie de efectos negativos que podrían dañar el suelo, el paisaje, la flora y la fauna por la fragmentación del ecosistema, lo que constituiría una afectación al derecho humano al medio ambiente sano.

Se destaca que el llamado Proyecto Tuligtic fue concesionado a la empresa canadiense Almaden Minerals, la cual ha participado, directamente o como accionista, en otros proyectos mineros que demostraron ser nocivos para el medioambiente y los derechos humanos y que fueron suspendidos, como Caballo Blanco (Veracruz) y White River (Canadá).

Otro de los argumentos es que la responsable de realizar los informes económicos preliminares y la manifestación de impacto ambiental de este proyecto fue la empresa Knight Piésol Engineering que participó en otros proyectos con graves implicaciones ambientales debido a derrames que dañaron la salud de sus poblaciones: Mount Polley, Canadá y Yanacocha, Perú.

Daños en el municipio

En el plano local, el estudio revela que Almaden Minerals posee 197 concesiones mineras en México, entre vigentes y canceladas, en total ocupan 451 mil 127.28 hectáreas, lo que es equivale a más de la mitad de la superficie que integran los 66 municipios de la Sierra Norte.

La evaluación permite identificar una serie de efectos por la fragmentación del ecosistema que podrían dañar el suelo, el paisaje y la flora y la fauna, lo que constituiría una afectación al derecho humano al medioambiente sano. Los estudios técnicos en torno al agua indican un potencial de contaminación de los mantos superficiales y subterráneos por drenaje ácido, metales pesados y el almacenamiento de lixiviados en una presa ubicada en la zona estratégica de la cuenca. Incluso, se resalta que el acuífero posiblemente ya ha sido dañado durante el proceso de exploración.

La lista de irregularidades se centra en la cantidad y profundidad de perforaciones que han sido reportadas de forma oficial. Otras porque el derecho humano al agua se violenta por la contaminación por cianuro, metales pesados y químicos, derivado del drenaje ácido de roca y el empobrecimiento del acuífero.

En cuanto al derecho a la salud, el ruido generaría pérdida de la sensibilidad auditiva, trastorno del sueño, efectos cardiovasculares y fisiológicos, daños en la salud mental y cambios en el comportamiento, habría factores de estrés en niños que podrían derivar en bajo rendimiento escolar; sin contar que las emisiones gaseosas afectarían el sistema cardio-respiratorio, aumentando los casos de bronquitis en pacientes con asma y enfermedades de los ojos.

En el estudio también se señalan los efectos de los metales pesados, que agravarían enfermedades crónicas, afectarían el sistema nervioso, digestivo y óseo, incluso generaría una mayor predisposición al cáncer.

Uno de los efectos más dañinos sería el del cianuro, pues afecta directamente al cerebro y al corazón, generando estados de coma y muerte.