Miércoles 05 Junio 2019

El regidor del Patrimonio, Hacienda Pública Municipal y Catastro, Víctor Manuel Canaán Barquet, hizo público que desde el pasado martes ha sido objeto de amenazas y agresiones verbales mediante mensajes al celular y correos electrónicos, e incluso han llegado a buscarlo hasta su domicilio.

Los ataques y amenazas son por parte de un exservidor público del Ayuntamiento, por lo que ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin dar pormenores de los mensajes de intimidación que ha recibido o revelar el nombre del presunto responsable de estas acciones, mencionó que cuenta con pruebas para sustentar el caso las cuales presentará ante la autoridad competente.

Señaló que estas amenazas serían a raíz de las modificaciones que se realizan al interior de la administración municipal; sin embargo, desconoce qué interés existe para ser objeto de los ataques en donde lo acusan de manipular a sus compañeros, integrantes del cuerpo edilicio.

Manuel Canaán teme por su integridad y por la seguridad de su familia, dijo, pues es un ciudadano común que no cuenta con escoltas o unidades blindadas. Señaló que está dispuesto a que se realice una investigación en las áreas que tiene a cargo, pues él no firma cheques, ni autoriza compras.

Sobre los 15 millones de pesos que se pagaron a empresas de asesoría y consultoría para el área de Hacienda, mencionó que tuvo conocimiento de la situación desde hace 15 días, por lo que tras un análisis se determinó eliminar la Oficialía Mayor, al tener bajo su control el área de Recursos Humanos, Compras, Adquisiciones, Licitaciones y Sistemas, para que pasen a Tesorería.

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Tesorería paga a empresas sin autorización ni contratos

El ahora extitular de la Oficialía Mayor, Francisco Andrés Covarrubias Pérez, señaló que los montos de asesorías externas del municipio ascienden a más de 20 millones de pesos, las cuales fueron pagadas por la Tesorería Municipal sin tener una autorización o contrato respectivo.

Detalló que en su momento, llegó hasta su área la documentación de las empresas, para que el área de adquisiciones que él administraba los firmara, pero al cuestionar sobre las razones a la Tesorería, se le dijo que la revisarían y pasaron a recoger los papeles sin que se hubieran firmado.

Expresó que la función de la Oficialía era sólo administrativa, por lo que no manejaba ningún tipo de recurso económico.

La inconsistencia que ellos detectaron fue cuando se les pidió firmar una requisición para realizar una auditoría del 2018, cuando ésta ya había concluido por parte de la Contraloría.

Covarrubias Pérez calificó la desaparición de su área como una cortina de humo, debido a que se negó a firmar documentos de altos montos de los que desconocía su procedencia.