Las tres quejas en contra Julio Adolfo Fierro Kauffman, funcionario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien permitió la construcción de una represa en Aquixtla, a pesar de que la empresa ya tenía dos sanciones y la obra sellos de clausura, no se han resuelto.

Hace una semana la empresa Tlaltempre SPR de RL ingresó el proyecto de Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el proyecto de la represa de Aquixtla, pero con diferente folio.

La empresa no citó en esta Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) que la representación en Puebla de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ordenó la remoción o demolición de esta construcción.

Los pobladores que se oponen a la represa en los cauces del río Chignahuatzingo en este municipio, siguen a la espera del fallo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con respecto a la segunda MIA que presentó la empresa constructora para conseguir la autorización para la represa, a pesar de las dos multas existentes.

En el documento más reciente se señala que la observación se fundamenta en la omisión por parte de Adolfo Fierro Kauffmann, subdirector de Administración de la Conagua, en el cumplimiento de las atribuciones que legalmente le corresponden, y por negarse a actuar en tiempo y forma después de los primeros señalamientos en su contra.

También por no justificar la continuación de la construcción ilegal de la represa en el arroyo Chignahuatzingo, en la comunidad de Coayuca, por parte del grupo Tlaltempre y que lleva 80 por ciento de avance, a pesar de dos multas de más de 200 mil pesos y de los sellos de clausura colocados por dos dependencias federales.

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La queja enlista las irregularidades cometidas desde el 7 de diciembre de 2017, cuando se hizo de conocimiento de la Conagua el inicio de esta obra irregular para el aprovechamiento del agua de la zona y de la que fue notificado el entonces presidente municipal, Heriberto Castilla Castilla.

A lo largo de siete páginas, se evidencia que el funcionario no aplicó los criterios establecidos en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento durante cuatro meses, entre otras cosas por falta de fondos para la "compra de justicia", según alegó el funcionario.

La queja señala que estas omisiones violan las garantías de seguridad jurídica previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según se lee en el documento con sello de 'recibido'.

Éstas no son las únicas quejas que no han tenido respuesta, al menos hasta el cierre de la edición. La primera de ellas fue presentada el 15 de octubre y la segunda el 29 de noviembre del año pasado, ambas por la violación del manejo de la información, luego de que se retiraran los sellos de clausura de esta represa.

Hasta la fecha, ese delito no ha tenido sanción penal.

Los opositores a esta obra esperan la resolución que emita la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la Semarnat, a través de su gaceta ecológica.