Rompimiento del tejido social, la violación a los derechos de los pueblos originarios, el abuso de autoridad y hostigamiento por parte del entonces gobierno municipal, son la deuda pendiente con los indígenas totonacos que se opusieron al proyecto hidroeléctrico, así como diversas violaciones a la ley, que comentó, las cuales siguen sin sanción o acción penal.

El paso del Grupo México en este municipio, que desde octubre de 2013 anunció la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico, nunca saldó los daños causados a los pobladores.

Casi seis años después de ese anuncio, sigue la cuenta de los 22 accidentes graves que ha ocasionado esta empresa en varias partes del país a lo largo de su historia, y que se convirtieron en uno de los argumentos que dieron razón a la oposición hacia las actividades de esa empresa en esta parte del territorio poblano.

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Ignacio Zaragoza

El 15 de octubre de 2013 Grupo México emitió un boletín en el que informó que desde febrero de ese año se había cancelado definitivamente sus trabajos debido al rechazo que había en las comunidades de Ignacio Zaragoza, Bibiano Hernández, Vicente Guerrero y en la cabecera municipal, además de otros municipios por donde pasa el río Ajajalpan en el territorio poblano. Así se ponía punto final a este conflicto social que había dividido a las comunidades de este municipio en dos: los que estaban a favor y los que estaban en contra.

Quienes se oponían ya habían organizado marchas, foros, reuniones y hasta protagonizaron un plantón por más de cinco meses, resistiendo la lluvia y el frío. Las mujeres jugaron un papel importante, que incluyó el retiro de la maquinaria en la comunidad de Ignacio Zaragoza, luego de que Grupo México comenzó la construcción de un camino hacia la comunidad de Santa Catarina.

Entre las principales quejas estaba que desde el 5 de diciembre de 2012, la maquinaria había llegado a este municipio para levantar una pared, la cual se había estimado de 100 metros de altura. La inversión estimada era de 2 mil millones de pesos para cuatro plantas generadoras de lo que llamaron "energía limpia" para Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Baja California, por parte de esta empresa que pretendía, en territorio poblano, una capacidad de transmisión y transformación de energía eléctrica estimada en 71.3 MW.

Aun cuando la misma Comisión Nacional del Agua (Conagua) había reconocido que no tenía permiso para la utilización del flujo de agua para la generación de energía eléctrica en Olintla, la empresa tampoco había presentado la carta de crédito de 10 por ciento del costo total de la capacidad asignada, por lo que no fue autorizado este proyecto.

El momento más álgido fue en enero de 2013, cuando 50 activistas, defensores sociales, académicos e indígenas fueron retenidos por casi 24 horas por parte de los pobladores que sí estaban a favor del proyecto hidroeléctrico impulsado por Grupo México, apoyados por golpeadores, luego de una reunión acordada para conocer detalles del proyecto.

La Policía Municipal y la estatal solaparon la rencilla que casi termina con el incendio de un automóvil, propiedad del activista Ignacio Rivadeneira. Poco después, la población que apoyaba este proyecto hidroeléctrico prendió una fogata en el único acceso a la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, para regular el paso de las personas que entraban y salían. Campesinos e incluso niños tuvieron que permanecer la noche ahí, con el temor de que en cualquier momento serían atacados.

Fue hasta el domingo cuando pudieron ser liberados, luego de la intervención de grupos de derechos humanos, medios de comunicación y la mediación con el delegado de Gobernación, quienes acordaron la liberación de los activistas, aunque no fue por el camino principal, tuvieron que tomar caminos alternativos, en una despedida que incluía silbidos y ademanes ofensivos.

Pendientes

Además de algunos actos de represión que se acusaron contra el entonces presidente municipal y de lo que señalaron como conflicto de intereses, toda vez que Rafael Moreno Valle Suárez, padre del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, fue quien presentó directamente a los representantes de Grupo México ante funcionarios de la entonces Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SAOT).

Aún hoy no se han resarcido los daños sociales que dejó este proyecto hidroeléctrico, entre ellos el rompimiento del tejido social. Aunque algunas heridas han sanado, queda en la memoria la división que se vivió en este municipio con paredes, ventanas, lonas que mostraban leyendas a favor o en contra de esa obra.

A más de seis años, no ha habido ninguna sanción contra quienes retuvieron, ilegalmente, a los casi 50 activistas. Tampoco contra Grupo México ni sobre las irregularidades que cometió durante su intento de establecer ese proyecto en territorio poblano.

Tampoco hubo sanciones por la oleada de intimidación y hostigamiento hacia los habitantes que se oponían al proyecto, lo que desencadenó que, desde ese entonces, varias organizaciones sociales calificaran como violación de sus garantías individuales.

Ni siquiera hubo una manifestación de impacto ambiental ni el consenso de la población de influencia totonaca, como lo establecen acuerdos nacionales internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.