Miércoles 11 Septiembre 2019

A casi un año de que se detectó el fraude genérico cometido por la financiera La Perseverancia del Valle de Tehuacán en contra de alrededor de 2 mil ahorradores y que es por más de 700 millones de pesos, las demandas legales se encuentran sin avance y el paradero de los responsables se desconoce.

Los afectados esperan que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE), como la Fiscalía General de la República (FGR) actúen para que los afectados puedan recuperar sus inversiones o puedan acceder al Fondo de Protección al Ahorro.

El abogado de cinco ahorradores afectados, y también inversionistas de esta financiera, Luis Alfonso Cervantes Muñiz, indicó que sus clientes detectaron la malversación de fondos, pues ya no se tenía acceso a ninguna cuenta, ni reportes de los movimientos económicos o reuniones del Consejo de Administración, hechos que reportaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

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Desde 2018, la CNBV suspendió los permisos que tenía esta empresa para funcionar, por no cumplir con los requerimientos necesarios y las presuntas anomalías de operaciones irregulares, como es el otorgamiento de créditos ficticios.

El inversionista mencionó que se interpusieron denuncias penales por fraude genérico ante la FGE y la FGR, para abrir la carpeta de investigación en contra del presidente del Consejo de Administración de la Financiera, Eucario León Vázquez, la gerente, María Rocío Parés y su sobrino que fungía como director general, Jonathan Eduardo Parés.

Detalló que sus clientes eran socios accionistas hasta que fueron excluidos de las decisiones del Consejo, además de que se percataron de las anomalías que se estaban cometiendo en contra de los accionistas, inversionistas y ahorradores; siendo estos el expresidente municipal, René Lezama Aradillas; el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Delegación Tehuacán, José Rodrigo Amaro Gómez; así como los empresarios, Arturo Neria, Carlos González y Oswaldo García.

Señaló que en el estado están paradas las acciones legales, por el cambio de gobernadores.