Ciudadanos defraudados piden resolución para recuperar su patrimonio

El dueño de un terreno y varios compradores de departamentos, que costaron entre cinco a nueve millones de pesos, piden a las autoridades estatales su intervención para no ser despojados de su patrimonio por un presunto defraudador identificado como Christian J.

Los afectados informaron que el presunto defraudador es hijo del notario Geudiel Jiménez y hermano del regidor de San Pedro Cholula, Geudiel Jiménez.

Por lo menos son cuatro las denuncias presentadas en su contra, por una parte debido a que construyó la torre de departamentos Arcadia Tower, en un terreno que no pagó y por otra ya que vendió los departamentos y no han sido entregados desde hace varios años a los compradores.

De acuerdo con la información aportada, en marzo del año 2014 se realizó un contrato de asociación entre Marino, propietario de un terreno de casi 311 metros cuadrados en la calle Sitio 2979, en la colonia Concepción Las Lajas y Christian.

Se acordó que Marino daría el terreno y la otra parte se encargaría de construir un edificio con 27 departamentos, y a la venta de cada uno de los inmuebles, el dueño recibiría una cantidad de dinero como pago del terreno.

Sin embargo, concluyó la construcción del edificio Arcadia Tower, Christian vendió todos los departamentos pero no dio un solo peso por el terreno.

De igual forma los departamentos tampoco han sido entregados a los compradores, desde hace varios años, ya que el denunciado no cuenta con escrituras al no pagar el terreno.

Se informó que los departamentos de lujo oscilaban entre los cinco y nueve millones de pesos, y salvo tres de ellos, todos fueron pagados en efectivo.

Algunos de los compradores no han podido contactar a Christian, por lo que temen no puedan tomar posesión o recuperar su dinero.

Incluso se han colocado espectaculares donde denuncian públicamente a Christian como defraudador, para alertar a otros posibles compradores.

Pese a que las autoridades ministeriales ya tienen conocimiento del caso, los afectados piden la intervención del gobierno estatal para poder tomar posesión de los departamentos o recuperar los millones que invirtieron y en otro caso para que le paguen el terreno y no sea despojado.