nota 1 Libres, militares por caso Tlatlaya
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Agencia El Universal 
La justicia militar absolvió a 7 de los 8 elementos del Ejército implicados en el caso Tlatlaya, al no encontrar evidencia en su contra por el delito de infracción a los deberes militares, y sólo condenó a un año de prisión a uno de los uniformados, por el cargo de desobediencia, quien obtuvo su libertad al decretarse que cumplió la sentencia. Este es el fallo del juzgado sexto militar, que revelaron los abogados del Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro”, quienes representan a las mujeres sobrevivientes de este caso, entre ellas a Clara Gómez González, considerada una testigo clave de los hechos que se registraron el 30 de junio de 2014, durante una operación en una bodega en la que 22 civiles murieron. “La exoneración consolida la impunidad”, afirmaron los representantes legales en un comunicado en el que indicaron que tuvieron acceso a la resolución mediante un amparo, puesto que la Secretaría de la Defensa Nacional no les permitió conocer el expediente. En el ámbito civil, sólo tres militares están sujetos a proceso penal por el delito de homicidio, en agravio de 8 de los 22 civiles que perdieron la vida en el incidente, otros cuatro quedaron libres por falta de evidencias en octubre de 2015. Sobre el caso, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, declaró en junio de 2015: “Nosotros quisiéramos saber en realidad qué pasó y, si nuestra gente tiene responsabilidad, que se le castigue de acuerdo con la ley” o de ser inocentes también se definiera. Revictimiza PGR a testigo Luego que la Procuraduría General de la República (PGR) informó que espera la ratificación de la testigo Clara Gómez González, conocida como Julia, por los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, el Centro Prodh subrayó que esa petición revictimiza a la testigo. En un comunicado, la organización defensora de derechos humanos aclaró que es innecesario que Gómez González se presente a ratificar pues está acreditada. “Clara Gómez González ya está acreditada, amén de que tanto la orden de abatir como la recomendación de la CNDH obran ya en el expediente y tendría que ser la PGR quien investigaraá su contenido dado la gravedad de los delitos y acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, explicó el centro. Por la mañana la PGR indicó que mantiene abierta una investigación por violaciones graves a derechos humanos en los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, donde 22 civiles -presuntos integrantes del crimen organizado- fallecieron. Explicó que realiza diversas actuaciones ministeriales para deslindar responsabilidades en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos, pero espera a que la víctima ratifique las pruebas y escritos que ha ofrecido. Por medio de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que encabeza Eber Betanzos, la PGR inició la investigación a partir de la reclasificación que hizo la CNDH el 13 de enero de 2015 a violaciones graves a los derechos humanos.
La justicia militar absolvió a 7 de los 8 elementos del Ejército implicados en el caso Tlatlaya, al no encontrar evidencia en su contra por el delito de infracción a los deberes militares, y sólo condenó a un año de prisión a uno de los uniformados, por el cargo de desobediencia, quien obtuvo su libertad al decretarse que cumplió la sentencia. Este es el fallo del juzgado sexto militar, que revelaron los abogados del Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro”, quienes representan a las mujeres sobrevivientes de este caso, entre ellas a Clara Gómez González, considerada una testigo clave de los hechos que se registraron el 30 de junio de 2014, durante una operación en una bodega en la que 22 civiles murieron. “La exoneración consolida la impunidad”, afirmaron los representantes legales en un comunicado en el que indicaron que tuvieron acceso a la resolución mediante un amparo, puesto que la Secretaría de la Defensa Nacional no les permitió conocer el expediente. En el ámbito civil, sólo tres militares están sujetos a proceso penal por el delito de homicidio, en agravio de 8 de los 22 civiles que perdieron la vida en el incidente, otros cuatro quedaron libres por falta de evidencias en octubre de 2015. Sobre el caso, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, declaró en junio de 2015: “Nosotros quisiéramos saber en realidad qué pasó y, si nuestra gente tiene responsabilidad, que se le castigue de acuerdo con la ley” o de ser inocentes también se definiera. Revictimiza PGR a testigo Luego que la Procuraduría General de la República (PGR) informó que espera la ratificación de la testigo Clara Gómez González, conocida como Julia, por los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, el Centro Prodh subrayó que esa petición revictimiza a la testigo. En un comunicado, la organización defensora de derechos humanos aclaró que es innecesario que Gómez González se presente a ratificar pues está acreditada. “Clara Gómez González ya está acreditada, amén de que tanto la orden de abatir como la recomendación de la CNDH obran ya en el expediente y tendría que ser la PGR quien investigaraá su contenido dado la gravedad de los delitos y acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, explicó el centro. Por la mañana la PGR indicó que mantiene abierta una investigación por violaciones graves a derechos humanos en los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, donde 22 civiles -presuntos integrantes del crimen organizado- fallecieron. Explicó que realiza diversas actuaciones ministeriales para deslindar responsabilidades en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos, pero espera a que la víctima ratifique las pruebas y escritos que ha ofrecido. Por medio de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que encabeza Eber Betanzos, la PGR inició la investigación a partir de la reclasificación que hizo la CNDH el 13 de enero de 2015 a violaciones graves a los derechos humanos. 
