Evitó gobierno ahondar en líneas de investigación: GIEI

Insisten expertos en que debe trabajarse sobre las hipótesis de un quinto camión, la participación de autoridades y el hecho de que los teléfonos de los normalistas estuvieron activos tras el ataque Agencia Al Momento El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que no existe evidencia de que los 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. “El GIEI concluye que no ha visto una sola evidencia para cambiar su conclusión del 6 de septiembre de que no se incineró a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula”, aseguró Francisco Cox, miembro del GIEI. Al presentar el informe final sobre la desaparición, Cox indicó que el nuevo peritaje realizado en el basurero por el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego “no expone razonamientos científicos que puedan ser contrastados, sino sólo afirmaciones sin explicar el sustento probatorio o científico”. Los integrantes del GIEI insistieron en que debe seguirse la línea de investigación del quinto camión y la participación en los hechos de la noche de Iguala de todas las autoridades y policías, incluidas la ministerial, federal, municipales y del Ejército. “Tenemos la certeza de que hubo una coordinación perfecta entre estas policías y territorios para generar un círculo de control para evitar la salida de los autobuses de Iguala”, señaló la experta Ángela Buitrago. Agregó que las pruebas descartan que los normalistas fueran miembros del crimen organizado o estuvieran infiltrados, pues todos eran estudiantes admitidos en la normal, para lo cual tuvieron que presentar una carta de antecedentes no penales. Desconocen último peritaje de fuego Cox señaló que el último estudio realizado por el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego en el basurero de Cocula, carece de sustento científico. El grupo criticó que los expertos que colaboraron en el peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR) citaron, sin detallar fuente, información de una estación meteorológica cercana a Cocula, según la cual la noche del 26 de septiembre de 2014 sólo hubo llovizna, pero varios estudios contradicen eso. Destacó que el peritaje no cumple con los estándares de un estudio científico y el análisis de José Torero resalta las inconsistencias en las declaraciones de cinco presuntos autores materiales. Explicó que el documento al que tuvo acceso sobre las declaraciones de los presuntos responsables de la incineración “no expone razonamientos científicos para ser contrastados, sólo afirmaciones”. Además, reconoció que hay evidencia de que “una quema controlada mayor ocurrió en Cocula”, pero la duración y las fechas “no pueden ser establecidas”. Sobre los restos óseos encontrados en el basurero, Cox explicó que no pertenecen a ningún normalista y que el basurero fue identificado como un lugar donde se han registrado varios incendios desde 2010. Los expertos revelaron que el 28 de octubre de 2014, personal de la PGR acudió a la zona aledaña al río San Juan, donde recolectaron pruebas óseas de las cuales se desconoce su destino, ya que esa inspección no quedó registrada en el expediente. Un día después buzos de la Secretaría de Marina hallaron una bolsa con restos, entre ellos los del normalista Alex Mora. Al respecto, el experto Carlos Beristáin refirió que esto quedó capturado por fotoperiodistas, y aunque se localizaron más huesos ignoran su procedencia y destino. Ese día hubo una confrontación entre peritos de la PGR y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) porque no se permitió el acceso de éste a la zona. “Investigación no debe cerrarse” Los expertos insistieron en que la línea del quinto autobús no fue agotada y no debe ser cerrada, por ello lamentaron que no pudiera avanzarse por la falta de apoyo de la PGR para solicitar información a Estados Unidos sobre el narcotráfico entre Iguala y Chicago. Indicaron que el camión que se revisó como parte de la investigación no corresponde con el identificado como el quinto que los normalistas tomaron en la terminal de Iguala el 26 de septiembre de 2014. “El quinto autobús tiene dos dificultades: no fue el que salió de la estación y hay discrepancias con base al informe a nuestro perito canadiense”, dijo Ángela Buitrago. Asimismo, hay elementos para afirmar que alguien miente sobre los detalles de la existencia de esa unidad, pues el conductor del autobús relató cómo salió con ellos de la central, la posterior detención de la policía y las agresiones de ésta, lo que no corresponde con la declaración de otro chofer que acudió a dar su versión. Participaron policías de Huitzuco Ángela Buitrago aseguró que la noche del 26 de septiembre los normalistas no fueron a boicotear un acto político “ni estaban infiltrados por el crimen organizado”. Las policías municipales de Iguala y Huitzuco, así como miembros de la Federal y del Ejército, estaban enterados de los hechos, dijo Buitrago. Incluso señaló que el GIEI tiene evidencias del teléfono de un normalista que hizo una llamada cerca de la carretera de Huitzuco a Tenango. El GIEI tiene la certeza de que esa noche hubo “una coordinación perfecta entre estas policías”. Además, varias de las víctimas de los ataques denunciaron un retén de federales, pero en las declaraciones de los agentes no “existe información sobre ello”. Asimismo, varias de las personas heridas esa noche llegaron a las puertas del Batallón 27 del Ejército y “contaron lo que sucedió, pidiendo ayuda, pero les contestaron: ‘nosotros no podemos apoyar porque no es nuestra jurisdicción’. El GIEI reveló que militares estuvieron en varias de las escenas de los hechos violentos y que fueron testigos directos en algunos escenarios. Teléfonos, activos tras el ataque Claudia Paz, integrante del GIEI, explicó que en el análisis que realizaron a líneas telefónicas, varios de los chips de los celulares de los desaparecidos estuvieron activos meses después del ataque. “Estuvieron activados en zonas de Iguala y Cocula. Uno de ellos recibió una llamada desde Huitzuco”, detalló. Además, dijo que las declaraciones que habían solicitado el año pasado sobre los policías implicados, no se realizaron sino hasta la segunda semana de este mes y no pudieron ser incorporadas al informe. Agregó que Jorge Aníbal, uno de los normalistas, envió un mensaje de texto a su madre entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 solicitándole que le pusiera tiempo aire. Tras recibir el informe, James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortó al presidente Enrique Peña Nieto y al resto de las autoridades mexicanas a continuar trabajando en la búsqueda de los 43 normalistas y atender las recomendaciones del GIEI. Cavallaro lamentó que las autoridades mexicanas hayan impedido la renovación del mandato de los expertos pese a que los objetivos planteados entre el gobierno y la CIDH no se alcanzaran.