El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, llegó este viernes a la ciudad de Oaxaca para dar seguimiento a las indagatorias del caso Nochixtlán.
En la sede de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el funcionario sostuvo a puerta cerrada una reunión de trabajo con familiares de las víctimas; en tanto la Segob y la Procuraduría General de la República (PGR) darían a conocer esta tarde avance en las indagatorias.
En un comunicado, la DDHPO respaldó la queja de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al acusar también que la Fiscalía General de Oaxaca ha omitido proporcionar información acerca del enfrentamiento ocurrido el pasado 19 de junio, en el que fallecieron ocho personas.
"Con fecha 22 de junio del presente año, esta Defensoría también solicitó a dicha Fiscalía copias certificadas de las carpetas de investigación iniciadas con motivo de los referidos homicidios; sin embargo, y a pesar de que la petición fue realizada en tiempo y forma, mediante oficio de fecha 19 de julio del año en curso, la dependencia gubernamental informó que no le era posible entregar dicha información en virtud de que la Procuraduría General de la República había ejercido la facultad de atracción del expediente", dijo.
Abundó que con su negativa a proporcionar la información solicitada, la referida dependencia estatal incumplió con la obligación contenida en los artículos 80 y 82 de la Ley que rige a ese organismo de colaborar en los procesos de investigación de violaciones a derechos humanos.
Además, su omisión contraría lo establecido en los artículos 1° y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, reportó.
Señaló que tal omisión puede tornarse en una afectación a los derechos humanos de las víctimas, al existir incertidumbre sobre el motivo por el cual dicha Fiscalía se negó a entregar la documentación requerida cuando todavía no se había ejercido la facultad de atracción por parte de la PGR y, por lo tanto, la Fiscalía tenía en su poder la información requerida.