Apoyó Diódoro Carrasco en despojo a comuneros

En San Pedro Mixtepec fueron expropiadas mil 329.52 hectáreas para crear el fondo legal de Puerto Escondido, por decreto presidencial de fecha 21 de julio de 1970, siendo presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz.

De esa extensión, 111 hectáreas ubicadas en Punta Colorada de este destino de playa, están en riesgo de quedar en manos de funcionarios de la actual administración de Oaxaca, quienes tratan de adjudicarse esta zona propiedad es del Fideicomiso Punta Colorada del Gobierno del Estado.

Fotos: Cortesía

El Fideicomiso Punta Colorada fue registrado, tras su expropiación, el 1 de enero de 1994, siendo presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari; quedó como reserva territorial y hoy esa extensión de tierra es disputada por los comuneros, empresas privadas, funcionarios y exfuncionarios de diversos sexenios.

Javier Cruz Jiménez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Mixtepec, asegura que esa área sigue en posesión del Comisariado, debido a que el gobierno del estado la había destinado en principio como reserva territorial y ecológica para la ciudad de Puerto Escondido, y ahora pretende desarrollar como propiedad privada, por lo que no permitirán el despojo.

Los comuneros de Mixtepec denuncian que las autoridades estatales quieren acelerar trámites fiscales para privatizar la zona, bajar el monto predial, pagar los impuestos a nombre de una empresa privada y obtener la propiedad a bajo costo.

Punta Colorada, una zona disputada

Ante las intenciones de privatizar la playa Punta Colorada para construir un complejo turístico, comuneros y autoridades de San Pedro Mixtepec interpusieron un amparo y lograron detener ese millonario proyecto.

Los abogados, Enrique Toro Ferrer y Gregorio Cruz Lucas, contratados por las autoridades municipales para recuperar las tierras de Punta Colorada, aseguran que la indemnización por aquella expropiación nunca benefició a los 856 comuneros legalmente reconocidos y menos a la comunidad.

Mencionaron que nunca se ha rendido cuentas del dinero que se obtuvo de la venta de terrenos a particulares y empresas en Puerto Escondido, lo que ha obligado a documentar los derechos legales de los comuneros sobre esas tierras.

Cruz Lucas recordó que en 1970 el entonces gobernador de Oaxaca, Fernando Gómez Sandoval, negoció con algunos posesionarios de Punta Colorada el desalojo de sus tierras a cambio de 10 mil pesos y dos hectáreas en otra zona alejada. El acuerdo fue verbal. El mandatario creó el Fideicomiso Puerto Escondido (Fipe) para escriturar los terrenos y vender inmuebles para el desarrollo de la plataforma turística, principalmente los ubicados en la zona de playas de Zicatela, Manzanillo, Puerto Angelito, Carrizalillo, Bacocho y Rinconada.

Pero hasta el gobierno de Heladio Ramírez López se dio mayor impulso al desarrollo de Puerto Escondido. Y durante el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano, actual titular de la Secretaría General de Gobierno en Puebla, se entregaron 118 hectáreas de Punta Colorada a la empresa Jencar, SA de CV, para el desarrollo de un proyecto turístico de lujo.

Son 118 hectáreas a escasos metros del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, cuyo valor en el mercado inmobiliario sobrepasa los 3 mil millones de pesos. Los comuneros y dueños iniciales pelean en tribunales agrarios para que se las regresen después de 40 años de un decreto presidencial que no se cumplió.

El abogado afirma que el 21 de julio de 1970, el presidente Gustavo Díaz Ordaz decretó la expropiación de mil 329 hectáreas de los bienes comunales del municipio de San Pedro Mixtepec para regular el fondo legal de Puerto Escondido y desarrollar su plataforma turística.

El gobierno de Oaxaca debió indemnizar a la comunidad con 2 millones 207 mil 506 pesos de aquella época, dinero que aseguran nunca llegó, porque supuestamente se usó para electrificar la comunidad Los Limones y en la compra de dos camiones y dos camionetas para el Ayuntamiento.

De las mil 329 hectáreas expropiadas, 462 no fueron utilizadas durante los primeros cinco años que siguieron a la expropiación y desde entonces han quedado abandonadas, aun cuando debieron pasar al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).

Parte de las tierras sin usar son las de Punta Colorada, cedidas por el exgobernador Diódoro Carrasco a la constructora Jencar, con sede en Jalisco, que en su sitio electrónico las ofrece como "la mejor opción de inversión turística en Puerto Escondido", para la construcción de hoteles, condominios, centros comerciales y residencias de lujo.

Actualmente se han registrado intentonas para el pago de los prediales correspondientes, a bajo costo, y que pueden garantizar la venta a funcionarios, exfuncionarios y personajes ligados al exgobernador Diódoro Carrasco y a la actual administración y que quieren retomar los acuerdos realizados en el periodo diodorista con la constructora Jencar, SA.

Punta Colorada, sin obras para turismo

Mientras la desarrolladora Jencar, SA de CV llegó a ofrecer "la mejor opción de inversión turística en Puerto Escondido", en Punta Colorada no hay trabajos de desmonte ni de construcción y las tierras aún se encuentran en litigio.

La oferta, en su momento, fue de cinco lotes para hoteles, 11 para condominios y residencias de lujo, cuatro para departamentos con vista al mar, uno especial para un hotel boutique entre el mar y la laguna La Pita, 63 para vivienda local y siete lotes de uso mixto frente a la carretera Puerto Escondido-Pinotepa Nacional. Todas ellas, se prometió, con calles con banqueta, drenaje, planta de tratamiento de agua y dos pozos de agua potable.

Durante el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano, actual titular de la Secretaría General de Gobierno en el estado de Puebla, se entregaron 118 hectáreas de Punta Colorada a la empresa Jencar, SA de CV; sin embargo, años después la constructora debió regresar los 40 millones de pesos que recibió del gobierno de José Murat Casab para los trabajos preliminares de desarrollo urbano que nunca realizó.

De acuerdo con las autoridades municipales, el exgobernador Ulises Ruiz y Eviel Pérez Magaña, exsenador y actual funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en su momento negociaron con el empresario y contador Sergio Castro para vender los terrenos de Punta Colorada.

Castro habría pagado 100 millones de pesos al gobierno del estado para comercializar las tierras, según los abogados del municipio, quienes aseguran que 60 millones fueron para el gobernador Ulises Ruiz, sin que haya registro de que esa suma ingresara en las arcas estatales.

Interpusieron una demanda ante el Fifonafe para exigir la reversión de 462 hectáreas, entre ellas las 118 de Punta Colorada y las correspondientes a Palmasola, El Jícaro y Cerro de la Vieja. El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca, abrió el expediente 117/2009.

El ayuntamiento de San Pedro Mixtepec solicitó al mismo tribunal agrario su intervención en el juicio, manifestando su derecho legal de la porción de terrenos que le corresponden, ya que se encuentran dentro de la zona de desarrollo urbano municipal. Toro Ferrer afirmó que los comuneros han recibido presiones de quienes quieren construir residencias y hoteles de lujo; confirmó que hicieron un estudio jurídico de la situación que determinó que las tierras podrían ser recuperadas y ser aprovechadas por la comunidad para desarrollar un proyecto turístico y evitar especulaciones.

Confió en que la Federación hará justicia a San Pedro Mixtepec porque "en términos jurídicos todo camina bien, el amparo está interpuesto ante la justicia federal y si en este país hay justicia, se debe crear una empresa turística que beneficie a la comunidad de San Pedro Mixtepec", puntualizó.

* Con información de Juan Charis Gallegos / Humberto TORRES R.