Durante el primer debate presidencial, el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que Andrés Manuel "propuso una amnistía" y agregó que "en Colombia, hace 25 años eso se intentó y se disparó la violencia; se planteó lo mismo en El Salvador, vean lo que ocurrió, se fueron a 108 homicidios por cada 100 mil habitantes (...) Plantear el perdón a los criminales es una locura que generaría enorme violencia en el país".

Anaya Cortés hace referencia a cuando, en Colombia, un grupo de emisarios del Cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, intervino ante el gobierno para anular la extradición a Estados Unidos a cambio de frenar los atentados terroristas. Sin embargo, en ese entonces no hubo una amnistía, sino una ley de sometimiento a la justicia, que ofrecía incentivos jurídicos y de garantías para promover la entrega de los delincuentes a la justicia. De hecho, la estrategia se enmarcó en una política de fortalecimiento de la justicia contra la impunidad, para complementar la lucha contra el narcoterrorismo por la vía legislativa.

Los decretos pusieron fin a una época donde se produjeron los magnicidios de Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, decenas de atentados con carros bomba, la explosión de un avión de Avianca con pasajeros, explosiones en edificios de gobierno y policías asesinados en las calles de Medellín.

Pablo Emilio Angarita, experto en paz y conflictos de la Universidad de Antioquia, explica que la implementación de la ley de sometimiento y la entrega de algunos de los capos del Cartel de Medellín trajo consigo una reducción de la violencia. "Las acciones de los narcos buscaban presionar al gobierno para la no extradición. Las negociaciones sí llevaron a una disminución en los actos de terrorismo".

También durante el primer debate presidencial, López Obrador señaló que la posible amnistía "no significa impunidad" y que con ello buscaría "atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y la violencia". "Voy a convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué vamos a hacer y en ese marco, definir cómo se va a llevar a cabo una amnistía. Estoy invitando hasta al Papa Francisco a participar en este foro", añadió.

Sin embargo, López Obrador no ha especificado en qué consistiría ni quiénes serían candidatos a la supuesta amnistía. Olga Sánchez Cordero, quien formará parte del gabinete presidencial de López Obrador en caso de ganar la Presidencia, publicó un video en el que aclara que la propuesta de este candidato está ceñida a lo que determine el Congreso Federal, por ser ley de amnistía, y que el proyecto estará delimitado a un universo a quienes va dirigido y a ciertos casos. "No es la voluntad de una sola persona, sino del Congreso, quien decidirá si es o no procedente una ley de amnistía", señala la exministra.

Ni la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, ni los procesos en esos países son comparables y dependen de las circunstancias específicas de cada contexto, de acuerdo con los expertos consultados.

También en spots

En uno de sus últimos spots radiales, Anaya advierte que "para recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad (…) Andrés Manuel propone pactar con delincuentes; eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó".

Armando Rodríguez, asesor del equipo de campaña de Anaya, precisó que el candidato "se refiere a Colombia, con las FARC", y a "lo ocurrido en países de América Central, como por ejemplo El Salvador, en donde los pactos de los gobiernos con las pandillas (maras) fueron un desastre. En Guatemala y Belice igual con las pandillas. Pero, principalmente, al país que tenemos como referencia por el tema del narcotráfico es a Colombia".

En Colombia, ni el proceso de sometimiento a la justicia de líderes del narco en 1990, ni en la desmovilización de los paramilitares de 2002, ni en el proceso de paz con las FARC en 2016 se produjo una amnistía. Pese a ello, los casos no son comparables con el contexto mexicano. "No pueden ser los mismos acuerdos para actores de naturaleza distinta (política y criminal)", explica Javier Osorio, experto en violencia política y profesor de la Universidad de Arizona.

Pese a la precisión, las cifras de violencia se han reducido con las negociaciones de paz tanto en Colombia, como en la tregua con las pandillas en El Salvador y en Belice. En Guatemala no hubo ningún pacto con las maras.

Luis de la Calle, experto en violencia política en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explica que: "Habría que distinguir entre los pactos y las rupturas de los mismos. En general, las negociaciones con grupos armados (sean de raíz política o criminal) siempre reducen la violencia. Si la negociación se consolida con un pacto político, la violencia se reducirá de forma permanente, como pasó en Irlanda del Norte o como está pasando ahora mismo en Colombia. En cambio, cuando las negociaciones se rompen es cuando se observa un repunte de la violencia".