La Fiscalía General de la República (FGR) de México pidió ayer martes a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para poder acusarlo de corrupción.

Según publicó en Twitter el coordinador de los diputados del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier, la Fiscalía atribuye a Cabeza de Vaca la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal equiparado.

Sin embargo, el gobernador de Tamaulipas usó la misma red social para asegurar que “se orquesta una embestida política” en su contra.

“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra.De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, escribió.

Pese al alegato de Cabeza de Vaca, el documento compartido por Mier reveló que detrás de la petición está la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda.

De acuerdo a lo reportado por la prensa local, en meses pasados se presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares.

A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del Gobierno Federal, habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que reportaron al gobernador ingresos por unos 2 millones de dólares.

Cabeza de Vaca, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), pidió en agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República que le informara si existía alguna investigación en su contra.

En aquel momento, quien empezara su mandato en el fronterizo estado de Tamaulipas en 2016, aseguró en un escrito estar a disposición “de cualquier autoridad local o federal”.

El gobernador, cuyo periodo al frente de Tamaulipas termina en 2022, es uno de los señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, Emilio Lozoya, como uno de los políticos que habrían recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013.