Magistrada mexicana defiende perspectiva de género en justicia internacional

La primera magistrada mexicana de la Corte Penal Internacional (CPI), Socorro Flores Liera, apostó por aplicar “la perspectiva de género” en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“En muchos de los crímenes de la competencia de la corte, las víctimas son mujeres, son niñas, y son delitos atroces. Ver esto con una perspectiva de mujer tiene siempre un aspecto relevante”, indicó la jueza, que tomó posesión del cargo el pasado marzo y tendrá un mandato de nueve años.

Para Flores, la justicia internacional debe tener en cuenta “las particularidades de cada una de las víctimas. En este sentido, el verlos con los lentes del género enriquece el trabajo de todas las instituciones”.

La jueza ha llegado a un tribunal que ayudó a poner en marcha, pues formó parte de la delegación mexicana que negoció en 1998 el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la corte.

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“Lo ideal es que no hubiera casos, pero desafortunadamente en los conflictos seguimos viendo que se cometen conductas sumamente atroces y lo importante es que no queden impunes”, comentó.

La CPI tiene el objetivo de enjuiciar a los mayores responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en los 123 países que aceptan su jurisdicción, con grandes ausentes como Estados Unidos, Rusia, China e Israel.

“Yo no podría decirles nada, pero claramente creo que el Estatuto y la corte son una institución complementaria de los sistemas judiciales nacionales”, dijo la magistrada.

CENTRADOS EN ÁFRICA

Una de las mayores críticas al tribunal es que, por el momento, la mayoría de investigaciones abiertas y la totalidad de condenados son de países africanos.

Flores explicó que un buen porcentaje de esos casos “fueron remitidos por los propios Estados (Mali, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Uganda) o por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Sudán y Libia)”.

“Los jueces no buscan los casos, esos fueron los que llegaron y se refieren a situaciones de muchísima gravedad, crímenes muy atroces que fueron cometidos”, indicó la magistrada.

Por el momento no se han iniciado investigaciones en ninguno de los 28 países latinoamericanos que forman parte del tribunal, aunque sí se han abierto exámenes preliminares en Colombia, Venezuela y Bolivia. La magistrada no se pronunció sobre si, en un futuro próximo, la CPI pondrá mayor atención en el continente.

“No es un asunto de una región sobre otra, sino de los temas que son llevados a la atención de la Fiscalía y los que son llevados por el fiscal a los jueces”.

COMPLEMENTARIEDAD

El tribunal de La Haya funciona por el principio de complementariedad, es decir, no interviene si los mecanismos de justicia nacionales hacen investigaciones fehacientes sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“La corte no puede ver todo, la corte es limitada. Son dieciocho jueces y es una institución que hace todo lo que puede, pero evidentemente los Estados tienen una gran responsabilidad.

Creo que cada uno tiene que hacer su parte porque lo que no se puede tolerar es que conductas de esta gravedad queden sin sanción”, dijo.

Uno de los aspectos que debe mejorar la CPI es, según Flores, hacer los juicios “de una manera ágil, eficiente y recortar los tiempos”, pues los procesos a menudo se alargan durante años.

El otro es mejorar la cooperación con los países miembros, algunos de los cuales han torpedeado investigaciones en su propio territorio -Kenia y Costa de Marfil- o se han negado a cumplir órdenes de arresto internacionales, como cuando Sudáfrica no detuvo en 2015 al expresidente sudanés Omar al Bashir.

El órgano legislativo de la corte, la Asamblea de Estados Partes, debe tomar cartas en el asunto cuando se repitan estos hechos, según Flores.

“La Asamblea de Estados Partes tiene una competencia para poder examinar situaciones en donde no se haya dado cumplimiento” de las decisiones de los jueces.