El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, enfrenta una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la masacre de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, donde el 5 de abril de 2017 fueron asesinados cuatro habitantes y al menos una decena más resultaron lesionados durante un operativo policial. La orden fue concedida este viernes por un juez de Control, a solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE), que presentó los elementos suficientes para imputar a Aureoles los delitos de Homicidio Calificado, Abuso de Autoridad y Tortura. Junto al exgobernador también se giró orden de captura contra su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, por los mismos delitos. El juez otorgó además 14 órdenes de aprehensión contra policías estatales que participaron en el operativo, señalados por la Fiscalía como responsables directos de la violencia ejercida contra la comunidad indígena. La FGE informó que las órdenes de captura se concedieron tras integrar pruebas que vinculan a los exfuncionarios y agentes con los hechos ocurridos en 2017, considerados uno de los episodios más graves de represión en la región. Te puede interesar: Ataque armado en preparatoria deja dos maestras muertas en Michoacán ¿Qué pasó en Arantepacua?El 4 y 5 de abril de 2017, una disputa por 512 hectáreas de bosque con la comunidad de Capácuaro derivó en un conflicto que escaló tras la detención de 38 comuneros que viajaban a Morelia para dialogar con autoridades. En protesta, habitantes cerraron la carretera Pátzcuaro-Cherán. La respuesta fue un operativo con más de 800 policías estatales, que durante cuatro horas realizaron disparos y allanamientos. El saldo: 4 personas asesinadas extrajudicialmente —Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Crisanto Luna, José Carlos Jiménez Crisóstomo y Luis Gustavo Hernández Cohenete—, además de 48 detenciones arbitrarias, 10 casos de tortura y decenas de heridos. 
En diciembre de 2017 se formalizó el primer Consejo Comunal Indígena, y Arantepacua se convirtió en una de las cuatro comunidades de Nahuatzen que se rigen por autogobierno. Desde la masacre, el Consejo Comunal Indígena y habitantes de Arantepacua han señalado que la justicia no ha sido una realidad, pues los autores materiales no habían sido investigados. Además, el exgobernador Silvano Aureoles continúa prófugo de la justicia y hasta ahora sólo se le acusa por un presunto desfalco millonario, sin que se le haya responsabilizado directamente por la represión en Arantepacua.
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