Miércoles 29 Abril 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que someterá a un riguroso proceso de análisis e investigación las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios del estado de Sinaloa. La dependencia federal precisó que, de manera paralela a la petición extranjera, iniciará una indagatoria propia para allegarse de datos de prueba y determinar si las acusaciones cuentan con el fundamento necesario para proceder en territorio nacional.

A través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, la FGR evaluará con "toda exactitud" la documentación recibida. La institución subrayó que su obligación es establecer si existen los elementos probatorios suficientes, ya que, tras una primera revisión, se detectó que la solicitud estadounidense no aporta evidencias contundentes sobre los hechos narrados.

La Fiscalía Especializada para Asuntos Internacionales de la FGR encabeza el análisis técnico para determinar si la solicitud de Estados Unidos cumple con los requisitos jurídicos nacionales.

Bajo el Tratado Bilateral, México solo concederá la entrega de ciudadanos si las pruebas cumplen con los estándares de suficiencia que marca la ley mexicana.

Un punto determinante en este proceso será la revisión de la inmunidad procesal. La FGR fue clara al señalar que, tratándose de gobernadores y senadores, la legislación mexicana exige un juicio de procedencia antes de retirar el fuero.

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Sin esta declaratoria de la autoridad legislativa, no es posible ejecutar órdenes de aprehensión, garantizando así el respeto a la soberanía y al Estado de Derecho frente a los requerimientos internacionales.

Finalmente, la Fiscalía enfatizó que el manejo de esta información debe ser estrictamente confidencial y reservado, conforme a la Convención de Viena.

La FGR lamentó que los detalles del caso se hicieran del dominio público por parte de las autoridades requirentes, lo cual contraviene las normas procesales. Bajo la premisa de que "por encima de la Ley, nadie", la institución reafirmó que el análisis de la viabilidad de la solicitud se hará sin presiones externas y con total apego a las garantías constitucionales de los señalados.