Sheinbaum respalda triunfo de Rocha Moya y confirma protección federal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección federal luego de solicitarla tras las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la seguridad fue otorgada tras un análisis de riesgo y aseguró que se trata de un esquema reducido.

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“Como gobernador de Sinaloa tenía su propia protección y ahora él solicitó protección y se le da, igual que se le da a otras personas que lo solicitan, a partir de un análisis de riesgo”, detalló la mandataria

Previamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclaró que la medida fue sugerida por el gabinete de seguridad y afirmó que Rocha Moya permanece en Sinaloa sin indicios de amenazas directas del crimen organizado.

Respalda los resultados electorales de 2021 en Sinaloa 

La presidenta Claudia Sheibuam también defendió la legitimidad de la elección de 2021, en la que Rocha Moya ganó la gubernatura, al señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó los comicios y que no se presentaron pruebas suficientes para acreditar irregularidades o intervención del crimen organizado.

En aquella ocasión, el Instituto Electoral de Sinaloa reportó el robo de urnas y presencia de personas armadas en al menos 16 casillas durante la jornada electoral, lo que provocó la suspensión definitiva de votaciones en varias comunidades. 

Estas acciones, según autoridades extranjeras, habrían sido cometidas por integrantes del crimen organizado que operaron a favor del gobernador con licencia. 

El pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido Rocha Moya, por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, los acusados enfrentan cargos por conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder.