Miércoles 03 Junio 2026

La región Costa-Sierra de Michoacán enfrenta una crisis de violencia que ha impactado directamente a las comunidades indígenas nahuas, donde desde 2009 se han registrado asesinatos de autoridades comunitarias, profesores y comuneros vinculados a la defensa de sus territorios.

En un pronunciamiento conjunto, diversas organizaciones sociales, colectivos y representantes indígenas expresaron su solidaridad con Santa María Ostula y su Guardia Comunal, al tiempo que denunciaron que los recientes ataques contra comunidades como Pómaro, El Coire y San Miguel Aquila forman parte de una historia prolongada de agresiones contra pueblos que ejercen su derecho a la libre determinación y han construido mecanismos propios de organización y seguridad.

Los colectivos señalaron la presencia de grupos criminales, en particular del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que atribuyen asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados en la zona.

“Estos grupos han operado bajo condiciones de impunidad que sólo pueden explicarse por la tolerancia, la omisión o la aquiescencia de distintos niveles del Estado mexicano y del gobierno de Michoacán”, se indicó en el comunicado.

El documento retomó denuncias históricas de Ostula sobre una “guerra de despojo” que busca debilitar el tejido comunal, expulsar a la población de sus territorios y destruir las instituciones comunitarias que han sostenido la defensa de la tierra y la autonomía.

Los firmantes advirtieron que la situación en Michoacán se inscribe en un fenómeno nacional que también afecta a comunidades indígenas en Guerrero y Chiapas.

Representantes indígenas y colectivos respaldaron a la Guardia Comunal de Santa María Ostula, denunciando agresiones en la Costa-Sierra de Michoacán.

Asimismo, rechazaron las declaraciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien vinculó a la Guardia Comunal de Ostula con actividades delictivas, calificándolas como un acto de criminalización contra una institución reconocida por la asamblea comunal y respaldada por sistemas normativos indígenas.

En el pronunciamiento se responsabilizó a los gobiernos estatal y federal de cualquier agresión que vulnere el derecho de los pueblos indígenas a proteger su territorio, su organización comunitaria y su existencia.

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Los colectivos también expresaron solidaridad con las familias de las víctimas de los recientes ataques, entre ellas un profesor asesinado, una maestra herida y autoridades comunitarias de Pómaro que perdieron la vida en una emboscada.

Finalmente, exigieron respeto a la Guardia Comunal de Santa María Ostula, justicia para las víctimas y el esclarecimiento de las agresiones contra las comunidades de Ostula, El Coire, Pómaro y San Miguel Aquila, subrayando que la defensa de la autonomía indígena es clave para la protección de la vida y el territorio frente al asedio de grupos armados.