Sábado 10 Octubre 2026

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el litigio que comenzó en 2013 para impedir la siembra de maíz genéticamente modificado en México, con el objetivo de que el máximo tribunal determine los criterios judiciales para resolver la controversia.

La decisión se tomó el 8 de octubre, al resolver los recursos de apelación 54/2024 y 55/2024, interpuestos por Demanda Colectiva Maíz.

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La magistrada María Luisa Cervantes Ayala propuso no resolver la apelación y pedir a la SCJN que atraiga el caso, debido a su relevancia nacional. La propuesta fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de los magistrados Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro y Josué Moctezuma Valdez.

“Aquí hay una colectividad que viene actuando en defensa del maíz libre de modificaciones genéticas, así como unos temas relativos al uso de glifosato en los cultivos y temas que considero que son muy relevantes para toda la república mexicana”, explicó Cervantes Ayala.

Ahora, la Suprema Corte deberá decidir si atrae el asunto o lo devuelve al tribunal de apelación para que continúe con el procedimiento.

Demanda Colectiva Maíz señaló que la medida cautelar que impide la siembra de maíces genéticamente modificados continúa vigente y es irrevocable

El recurso fue presentado contra la sentencia del 28 de septiembre de 2023, emitida por el Juzgado Décimo Segundo en Materia Civil de la Ciudad de México dentro del juicio de Acción Colectiva 321/2013.

En esa resolución, el juez Víctor Miguel Bravo Melgoza falló a favor de las empresas transnacionales y permitió liberar permisos para la siembra de maíz genéticamente modificado, otorgados durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

En un pronunciamiento posterior, la Demanda Colectiva Maíz sostuvo que la medida cautelar que impide la siembra de maíces genéticamente modificados continúa vigente y es irrevocable. También expresó su expectativa de que las ministras y los ministros de la nueva integración de la Corte asuman la defensa de la diversidad genética y biocultural del grano mexicano.

Asimismo, vinculó su postura con la reforma constitucional sobre el fomento y la protección de los maíces nativos, que establece la protección del territorio nacional frente a modificaciones genéticas de las semillas. La resolución que adopte la SCJN determinará si el máximo tribunal interviene directamente en el litigio.