Las falsas ofertas de trabajo, las amenazas y la coacción son algunas de las formas en que el crimen organizado recluta a personas, incluidos niñas, niños y adolescentes. La reforma aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados busca reconocer el reclutamiento forzado como un delito específico, facilitar las investigaciones y sancionar con hasta 25 años de prisión a quienes capten o incorporen personas a grupos criminales bajo circunstancias agravantes. La propuesta obtuvo 419 votos a favor y establece penas de 10 a 20 años de prisión para quienes induzcan o incorporen personas a organizaciones delictivas mediante medios impresos o electrónicos. Te puede interesar: Buscan tipificar como delito autónomo el reclutamiento de menores en México Si el reclutamiento ocurre mediante intimidación, coacción o abuso de poder, la sanción será de 15 a 25 años de cárcel. Además, las penas podrán incrementarse hasta en 10 años cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o afromexicanos, sean personas migrantes o cuando los responsables sean servidores públicos, integrantes de corporaciones de seguridad o personas que hayan formado parte de las Fuerzas Armadas. El proyecto modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y fue enviado al Senado de la República para continuar el proceso legislativo. ¿Qué cambia con la reforma?El dictamen adiciona el Capítulo II Bis a la legislación en materia de trata de personas para establecer un tipo penal específico sobre el reclutamiento criminal. Con ello, se busca evitar que estas conductas se investiguen únicamente bajo otras figuras delictivas, como corrupción de menores, secuestro, desaparición, trata de personas o delincuencia organizada. En tribuna, la diputada morenista Elena Edith Segura Trejo explicó que la falta de una clasificación penal propia había dificultado identificar, investigar y sancionar el reclutamiento forzado. La legisladora advirtió que investigar estos hechos bajo distintas figuras puede fragmentar los casos, complicar su registro y diluir la responsabilidad de quienes captan, inducen o incorporan personas a estructuras criminales. La reforma también reconoce que el reclutamiento puede ocurrir mediante falsas ofertas de empleo, anuncios impresos, redes sociales, amenazas, violencia y coacción, así como por el aprovechamiento de las condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad.  Buscan proteger a niñas, niños y adolescentesDurante la discusión, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) José Guillermo Anaya Llamas señaló que los cambios legales buscan responder a la captación de jóvenes mediante ofertas laborales falsas y otros mecanismos de engaño o intimidación. Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo (PT) Lilia Aguilar Gil afirmó que el reclutamiento forzado afecta a entidades como Chihuahua, Guerrero, Sonora y Chiapas, y denunció que incluso hay casos de menores de siete años incorporados a actividades criminales. El dictamen, analizado previamente por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, establece un plazo de 180 días naturales para que los congresos estatales armonicen sus leyes con el decreto federal. La reforma continuará su trámite en el Senado antes de completar el proceso legislativo.
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