• Asegura el Comisionado del INM que el tema sale de su competencia. • Sólo se canalizó a un extranjero, dijo, para que ejerciera su derecho de acceso a la justicia, en cumplimiento de la Ley de Migración. El Instituto Nacional de Migración nada tiene que ver en la denuncia interpuesta por un ciudadano guatemalteco en contra del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, toda vez que es un tema que sale de su competencia; así lo dijo el Comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río y aclaró que lo único que hizo personal del Instituto de la delegación Puebla y que sí forma parte de sus funciones y sus obligaciones, fue canalizar al extranjero con la autoridad competente para que ejerciera su derecho de presentar una denuncia y tener el debido acceso a la justicia, tal como obliga la nueva Ley de Migración. Lo anterior, a raíz de una carta que organismos civiles publicaron el pasado jueves, señalando al INM por la denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la República, que llevó al sacerdote Alejandro Solalinde a declarar en calidad de indiciado ante el Ministerio Público Federal en Oaxaca por la presunta comisión del delito de abandono de persona. Dicha denuncia la interpuso el migrante guatemalteco Juan Francisco Silvestre, debido a que no fue recibido en el Albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec Oaxaca, donde a decir suyo, no quisieron canalizarlo a alguna instancia hospitalaria para su debida atención médica por un problema que el extranjero presentaba en los ojos a causa del insecticida empleado en una plantación. Entre los organismos firmantes de la citada carta se encuentran FUNDAR, centro de análisis e investigación, Migrantes Frontera Sur, Coalición pro defensa del Migrante de Baja California, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y la Casa del Migrante de Saltillo, entre otras. No obstante en su misiva los activistas se manifestaron preocupados por la denuncia que responsabiliza al Presbítero Alejandro Solalinde, también coincidieron en que la acción emprendida por la Delegación del INM en Puebla al canalizar al guatemalteco con la PGR, refleja que la exigencia de acceso a la justicia sí se respetará ya que a decir suyo, durante años las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos no eran reconocidas por los funcionarios de gobierno. oooOooo