| Legisladores del Panal, PRD y PAN defendieron la gestión del Ejecutivo y resaltaron avance en salud e infraestructura Guadalupe JUÁREZ Durante la entrega de su Cuarto Informe de Gobierno a los diputados que integran la 59 Legislatura estatal, Rafael Moreno Valle se comprometió a respetar las elecciones que se llevarán a cabo el 7 de junio. Si bien el mandatario hizo un llamado al respeto entre las fuerzas políticas, durante la ceremonia solemne que se llevó a cabo la mañana de ayer legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México señalaron que durante 2014 hubo una falta de apertura por parte de la administración estatal. Desde la tribuna, Moreno Valle insistió en que los diferentes órdenes de gobierno deberán privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias, postulado con el que sintetizaron la mayoría de los diputados, quienes realizaron pronunciamientos parecidos a los del mandatario poblano como Antonio Rodríguez Acosta, de Pacto Social de Integración, quien lamentó que un “señalamiento negativo sea más vendible que uno positivo”. Momentos antes de la intervención del Ejecutivo estatal, los diputados representantes de los grupos parlamentarios hicieron sus pronunciamientos acerca de la postura que tienen sus respectivos partidos en razón al cuarto año de gobierno, en la cual tres de los ocho diputados realizaron observaciones críticas. Uno de ellos fue Sergio Céspedes Peregrina, diputado representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien destacó que 2014 “no fue el año de derechos humanos” en la entidad, pues aunque se dieron cambios en la Constitución del estado referidos a la protección de estos derechos, en la práctica no fue así. Recapituló los acontecimientos en San Bernardino Chalchihuapan, donde se aplicó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, mejor conocida como Ley bala, y por la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo una serie de recomendaciones al gobierno estatal. También mencionó que su grupo parlamentario se ha posicionado en contra de diferentes medidas implementadas durante el último año por la administración morenovallista, como la privatización del servicio de agua potable, pues consideró que los costos son injustificados y estas condiciones violan los derechos de los ciudadanos, ya que el agua es un recurso vital que no puede someterse a criterios de mercado, por lo que pidió se revise el impacto de costo- beneficio que tiene para la ciudadanía. Por su parte, Geraldine González Cervantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dijo que hay represión y violación de los derechos humanos en el estado, lo cual representa un reto que tendrán que superar con tolerancia e inclusión. Mencionó que la entidad presenta importantes rezagos como el rescate del río Atoyac y la Ciudad Verde de Valsequillo, proyectos que no han sido consolidados pese al compromiso que se tenía desde el inicio del actual sexenio. A esto se sumó la diputada Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT), quien señaló la gravedad de la ausencia de crecimiento económico en Puebla, además del nulo apoyo al campo. También hizo mención de la llamada Ley bala, de la cual pidió sea abrogada, pues consideró que restringe el derecho de expresión de los ciudadanos. Defienden gestión
del mandatario estatal En contraparte, diputados como Susana del Carmen Riestra Piña del Partido Nueva Alianza (Panal), José Germán Jiménez García de Compromiso por Puebla (CPP) y Julián Rendón Tapia en representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), enfatizaron los logros de la gestión del gobernador, pues coincidieron en que hubo avances en infraestructura, turismo, salud y educación. Misma opinión que compartió Franco Rodríguez Álvarez, representante del Partido Acción Nacional (PAN), quien salió en defensa del mandatario poblano al asegurar que Puebla vivía en un clima de corrupción en el sexenio pasado encabezado por el priista Mario Marín Torres, lo cual provocó, por ejemplo, que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) se endeudara. “El sistema de agua potable fue la caja chica de esos gobiernos que llevaron a la quiebra a este organismo y que pusieron en riesgo el abasto de los poblanos. Este gobierno de manera responsable y valiente impulsó los cambios necesarios para revertir las pérdidas de operación y comenzar a pagar la deuda”, dijo en respuesta a la pronunciación de Céspedes Peregrina sobre la privatización del agua. Finalmente, el gobernador Rafael Moreno Valle refirió que la entrega de su informe al Congreso es un ejercicio de diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo cual fortalece la división de poderes y la rendición de cuentas. A esto agregó que los diputados de las diferentes fuerzas políticas pueden tener la certeza de que los planteamientos que realizaron durante este acto fueron de utilidad para fortalecer la visión de su gobierno. Entre los aspectos que destacó, estuvo el incremento en la Inversión Extranjera Directa (IED) en un 52 por ciento en relación al sexenio anterior, la creación de empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y una inversión en materia de infraestructura y servicios públicos por más de 20 mil millones de pesos. |
