Buscan extinguir fundación Udlap

Proceso contra la sociedad mercantil inició en diciembre de 2014; titular de junta de instituciones de asistencia lo había negado  Carlos ROCHA  La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla inició un proceso judicial en contra de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) con la finalidad de utilizarla como una “moneda de cambio” y destituir a cuatro funcionarios de la institución educativa, entre ellos el actual rector Luis Ernesto Derbez Bautista. Sin embargo, el mismo organismo se habría negado a proceder contra la Fundación “Mary Street Jenkins”, la cual administra a parte de la Udlap, los clubes Alpha, el Colegio Americano y la Plaza Triángulo las Ánimas, entre otros. Lo anterior se desprende de un reportaje difundido por el semanario periodístico Proceso, el cual corrobora la información difundida en diciembre de 2014 por El Popular, diario imparcial de Puebla, sobre una serie de acciones jurídicas iniciadas por los diferentes patronatos y directivos del Colegio Americano y clubes Alpha, por un supuesto proceso de la junta que pretendía la extinción de la fundación Jenkins. De acuerdo con información difundida por este diario, los abogados del patronato Jenkins presentaron el 1 de diciembre seis recursos de amparo ante los tribunales federales, en espera de poder defender los intereses de la fundación, la cual tiene bienes por alrededor de 10 mil millones de pesos, según versiones periodísticas. Al tener la fundación Jenkins varios bienes, se presentaron amparos por parte de algunas empresas, como los 1916/2014 y 1925/2014, correspondientes a la Fundación Colegio Americano y Fundación Club Alpha de Puebla, respectivamente. El resto de los recursos quedaron registrados a nombre de Guillermo Jenkins Anstead, presidente del patronato de la Fundación “Mary Street Jenkins”, y en otros el nombre del promoviente quedó reservado. Derivado de los amparos, los jueces otorgaron la suspensión provisional para proteger los intereses de los empresarios en tanto se resolvía si otorgaban la suspensión definitiva durante el proceso legal. Posterior a esto, el 15 de diciembre, Gustavo Garmendia Domínguez concedió una entrevista a esta casa editorial donde aseguró que no se había iniciado ningún procedimiento en contra de la Fundación “Mary Street Jenkins”. Además, Garmendia Domínguez explicó que el organismo público que encabeza no tenía ningún procedimiento de extinción de ninguna asociación privada, pues no se había hecho una revisión puntual de cada una. Incluso, el funcionario estatal se dijo sorprendido de que los integrantes del patronato de la fundación Jenkins hayan recurrido a las autoridades judiciales para ampararse por algo que no existía. “Ya quisiéramos nosotros que hubiera más fundaciones como la Fundación ‘Mary Street Jenkins’. Es una de las organizaciones de asistencia con mayor cobertura en el estado”, destacó el presidente de la junta. No obstante, dentro del expediente del juicio 1935/2014, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito, se narra que fue el 1 de diciembre cuando de manera no oficial la fundación se enteró de un supuesto procedimiento de extinción emprendida por la junta que preside Gustavo Garmendia, y que esta información fue confirmada cuando los representantes del patronato se apersonaron en la junta. No obstante, según el reportaje difundido por Proceso, la junta se había negado a proceder contra la fundación Jenkins y desechó cualquier prueba en su contra. Rector denuncia hostigamiento Las fechas de la presunta extinción de la fundación Jenkins, aunque fueron negadas por Gustavo Garmendia, coinciden con las fechas de las que da cuenta el semanario Proceso. El texto del periodista Álvaro Delgado refiere que el 26 de noviembre el rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez, y otros cuatro directivos se reunieron con los miembros de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, quienes les exigieron renunciar de manera voluntaria a sus cargos o serían obligados mediante campañas de desprestigio por corrupción, desaparición y hasta asesinato. “Los cinco afectados solicitaron el 2 de diciembre de 2014 la protección de la justicia federal contra los actos de Moreno Valle y otras autoridades estatales, como el procurador de Justicia y el secretario de Seguridad Pública, así como del secretario de Educación Pública federal, Emilio Chuayffet”, refiere Proceso. “Lo anterior en virtud de que, según palabras de la junta, nosotros somos ‘la moneda de cambio’ ¿De qué? Aún no lo sabemos, asegura Derbez en la demanda de amparo que está en curso y de la que Proceso tiene copia”, asienta el semanario.